La pandemia causada por el COVID-19 y el consecuente aislamiento social obligatorio conllevaron a una escasez de cigarrillos en el mercado ya que esta industria no está considerada entre las esenciales y, a su vez, a la proliferación de marcas cuyo origen no se conoce con certeza.

Esta situación favoreció, de acuerdo a información reunida la circulación y comercialización de cigarrillos de origen ilegal que podrían haber ingresado a la provincia a través del contrabando o haber sido fabricados de manera clandestina, y sin los permisos correspondientes de las autoridades.

A pesar de que se producen decomisos de cargamentos y detenciones, las autoridades estiman que solo acceden a una pequeña proporción del tráfico ilegal crecido, al calor de un panorama en el que las fábricas de cigarrillos permanecieron cerradas durante cerca de dos meses.

Si bien tanto fuerzas de seguridad federales como provinciales no se animan a dar una estimación del tráfico ilegal de tabaco, se estima que el perjuicio a las arcas estatales ascendería a $700 millones diarios, según indicó el secretario general del Sindicato Único de Empleados de Tabaco de la República Argentina (SUETRA), Raúl Quiñones.

En este contexto y en medio de una difícil coyuntura económica, se estima que el perjuicio para la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en $21.000 millones.

Fuente: NA y el Tribuno