El Senado comenzará este jueves el tratamiento en comisión del proyecto que regula el teletrabajo, con una reunión informativa en la que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dará su opinión sobre el texto aprobado en la Cámara de Diputados.
De esta forma, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores, que preside el peronista pampeano Daniel Lovera, iniciará a las 11 el análisis de la iniciativa y todo indica que se van a introducir algunas modificaciones, pero en el oficialismo aseguraron que “los cambios se centrarán en la redacción del articulado, no en la esencia”.
Entre otros puntos, se incluiría como autoridad de aplicación a las provincias, ya que sólo está contemplado que lo sea el Ministerio de Trabajo de la Nación, y se precisarían los alcances de la fiscalización del teletrabajo en los domicilios para que no constituya una invasión a la privacidad de los empleados con tareas a distancia. También se analiza incorporar un preaviso para que los teletrabajadores puedan revocar esa modalidad y volver a la forma presencial, aunque no se descartan otros cambios en este artículo sobre la reversibilidad, uno de los más criticados por el sector empresarial.
Hay diferencias en el oficialismo acerca de las modificaciones que hay que introducir en el proyecto: mientras el sector moderado del Gobierno considera razonables algunos planteos de los empresarios, en el kirchnerismo duro no están de acuerdo e incluso buscan que el proyecto refuerce los alcances que se le brinda a esta modalidad a través de la Ley de Contrato de Trabajo.
Si se logra el consenso suficiente sobre los cambios, el proyecto sería aprobado la semana próxima por los senadores y volvería a la Cámara de Diputados, donde se convertiría rápidamente en ley porque las modificaciones fueron conversadas con la titular de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja, Vanesa Siley, del Frente de Todos.
Diversas entidades empresariales le hicieron saber a Alberto Fernández y a Moroni que, tal como está, el proyecto desalentará el teletrabajo por un exceso de regulación y por algunos artículos que complicarán y encarecerán su aplicación. Por eso el Presidente, el ministro de Trabajo y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, consideran que sería importante admitir cambios para evitar que la ley termine limitando el teletrabajo y restringiendo aún más el empleo.
En forma extraoficial, empresarios ya mantuvieron videoconferencias con los senadores del Interbloque de Juntos por el Cambio y le plantearon a Lovera la necesidad de ser escuchados en una reunión de la Comisión de Trabajo del Senado.
El sector patronal le apunta, entre otros, al polémico artículo 8 de la iniciativa, que establece la reversibilidad, es decir, la posibilidad de que un teletrabajador pueda volver a cumplir tareas de manera presencial. Sin embargo, el texto aprobado por la Cámara de Diputados faculta solamente al trabajador a revocar su consentimiento para hacer teletrabajo, algo que, según especialistas en Derecho Laboral, viola los artículos 64 y 64 de la Ley de Contrato de Trabajo, que le otorgan al empleador la facultad de organización y dirección de la empresa.
A último momento, los diputados oficialistas hicieron un agregado en el artículo para disipar las críticas: la versión final sostuvo que es obligación del empleador acceder a la revocatoria del teletrabajo “salvo que por motivos fundados resulte imposible la satisfacción de tal deber”. Aun así, los empresarios siguen cuestionando este punto.
La Cámara Argentina de Comercio (CAC), una de las entidades que pudo dar su opinión ante los diputados, advirtió esta semana que el proyecto aprobado en Diputados “no contempla diversos aspectos clave, lo que hace que, de no mediar modificaciones, sea de muy difícil implementación” y mencionó en particular “cuestiones vinculadas a la reversibilidad consensuada por ambas partes o con un marco de preaviso, jornadas flexibles, nuevos costos sobre el sector empleador, fiscalización e impacto en las alícuotas de ART parecieran no haber sido atendidas adecuadamente”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), Sergio Candelo, sostuvo que “con una ley rígida” sobre teletrabajo los profesionales argentinos podrían elegir trabajar para empresas extranjeras y si eso sucediera, estimó que la Argentina podría perder unos 12.000 millones de pesos de recaudación anual.
También Argencon, que agrupa a empresas de servicios basados en la economía del conocimiento, afirmó que “la ley parece más inclinada a limitar y burocratizar esta práctica que a promover su desarrollo”. Su titular, Luis Galeazzi, consideró que “sorprende que una ley de tanta trascendencia haya tenido un trámite tan veloz en la Cámara Baja y que se haya sancionado casi sin consultar la opinión de las partes más interesadas: trabajadores y empresas”.
La iniciativa elaborada por el Ministerio de Trabajo crea para quienes trabajan en Rappi, Glovo, Uber Eats y Pedidos Ya, entre otras app, un régimen laboral que está por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo, cuestión que los legisladores K más cercanos a Recalde consideran inadmisible porque quieren que los trabajadores de las app estén comprendidos en los alcances de la Ley de Contrato de Trabajo, una postura que sería un golpe mortal para la subsistencia de las aplicaciones.
Con el proyecto que regula el teletrabajo pareció que iba a evitarse cualquier choque político porque avanzó luego de un consenso entre diputados y senadores oficialistas, sobre todo del kirchnerismo duro, por lo que se estimaba que la iniciativa aprobada en la Cámara baja el 10 de julio iba a tener una aprobación veloz en el Senado para quedar convertida en ley.
El Gobierno no quería impulsar una ley específica para el teletrabajo porque era partidario de que la modalidad se siguiera negociando en los convenios, una postura que comparte la CGT. Moroni incluso admitió ante la Comisión de Legislación del Trabajo en Diputados que será muy difícil el sistema de fiscalización de esta modalidad laboral en los hogares de los trabajadores. Una observación similar hicieron las entidades empresariales, que advirtieron que si la cartera laboral no puede llevar adelante hoy la fiscalización laboral, menos podría hacerlo si tuviera que efectuar controles en miles de domicilios.
Ese precisamente sería uno de los cambios que buscaría introducir el Senado, aunque todavía no está claro si esas modificaciones estarán alineadas con los reclamos hechos por los empresarios y que son avalados por un sector del Gobierno.
Fuente: Infobae
