En Bahía Blanca puede estar la clave que explique parte del crecimiento económico de Lázaro Baéz y las operatorias para el blanqueo de dinero.

Así lo entendió la Cámara Federal de Apelaciones que confirmó la detención del empresario patagónico en la causa por el presunto lavado de activos.

Los jueces señalaron en su escrito que  la “desmedida e irregular asignación de obra pública a Lázaro Báez” puede ser uno de los puntos que explique el repentino enriquecimiento del empresario.

Por eso sostienen que “resulta válido considerar como ilícito precedente al fraude impositivo proveniente de la utilización de facturas apócrifas de las empresas:

Calvento S.A (que tenía cancelado el cuit y registraba la baja de impuestos por cese de actividad y que la inspección de la Afip requirió su inclusión en su registro de “usinas de facturas apócrifas”);

Grupo Penta S.A. (que resultó un contribuyente que no pudo demostrar un capital económico para sostener el nivel de actividad declarado);

Terrafari S.A. (que declaró precios mayores a los que cobró);

y Constructora Patagónica S.A. (cuyas ventas en 2009 correspondieron en un 96,5% a Austral Construcciones S.A., mientras que su máximo proveedor era el mencionado Grupo Penta, incluido en la lista de “usuario de facturas apócrifas”)”