Los seis detenidos en la investigación de la “banda de las pastillas” serán trasladados a la cárcel de Saavedra.

Ayer la jueza federal Mirta Filipuzzi dictaminó el procesamiento con prisión preventiva para Guido Gentili, Danilo Acosta, Francisco Salazar, Mariano Trellini, Matías Cragno y Javier Selvaggio

Además cada uno de los procesados deberá pagar una multa de 250 mil pesos.

Según los investigadores, hay pruebas muy fuertes que complican a todos los imputados. En el allanamiento en El Reino secuestraron 70 pastillas de éxtasis, 30 papelitos de ketamina y marihuana. Pero hay más.

La fiscalía cree que la organización era liderada por Guido Gentili con la colaboración de Danilo Acosta y Francisco Salazar. En los seguimientos realizados por el personal de la Prefectura, los efectivos pudieron ver a Gentili coordinando los movimientos dentro del boliche con el resto de los involucrados. Además sostiene que a partir del acercamiento entre Gentili, Salazar, Facundo Francisco y Maximiliano Borja, comenzó la venta de la droga sintética en las fiestas que organizaban.

En la casa de Acosta la justicia secuestró 6 frascos de Ketamil, el elemento necesario para “cocinar” la ketamina. En esos recipientes había 50 ml de Ketamil. Según un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación, que consta en la causa, con eso se pueden hacer 83 dosis de ketamina.

Por lo tanto, para la fiscalía, no es creíble que pueda argumentarse que esa droga es para consumo personal y por el contrario muestra una clara intención de lucro por parte de Acosta. Es decir, la “cocinaba” para venderla. Además, en el lugar se encontraron papeles para envolver las dosis fraccionadas.

Por eso también la fiscalía se opuso al pedido de excarcelación formulado por la defensa de Acosta.

Además consta en la causa que el contrato de alquiler del boliche fue firmado por Javier Selvaggio y que el responsable del pago era Mariano Trellini. Además se los acusa de promocionar las fiestas y comercializar las drogas. El fiscal sostiene que todos se combinaban para la organización de las fiestas y para obtener un lucro económico de la venta de estupefacientes que se hacía allí.

Algunos de los detenidos intentaron recuperar la libertad. Sus abogados hicieron presentaciones y todas fueron rechazadas. La justicia sostiene que existe peligro de fuga (hay dos imputados que todavía no aparecen) y que pueden entorpecer la investigación. Esto último quedó claro en la audiencia de apelación por el pedido de libertad de Matías Cragno. Allí la fiscalía expresó que, pese a estar detenido, Cragno (o alguien de su confianza) borró de Facebook todos los contactos relacionados con fiestas electrónicas. Creen que en libertad podría eliminar más pruebas.