El viernes deberá declarar en el Juzgado Federal de Bahía Blanca presunto testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez. La presentación será mediante una video conferencia, ya que el empresario patagónico permanece detenido en el penal de Ezeiza. A Báez, a su hijo Martín y a varios empresarios bahienses se los investiga por su presunta participación en una asociación ilícita fiscal. Se los acusa de montar una maniobra destinada a evadir impuestos de Austral Construcciones a través de usinas de facturas truchas.
Mauro, Franco, Enzo y Silvio Ficcadenti fueron citados del 28 al 31 del mes próximo, cuando deberán explicar su proceder como dueños de Grupo Penta y Cía, Calvento SA y Terrafari. Por su parte, Silvio, Antonio, Denis Ariel y Jorge Ferreyra deberán presentarse entre el 3 y el 6 de septiembre por las facturas emitidas por Constructora Patagónica Argentina SA.
Luego será el turno del contador de los Ficcadenti, Rogelio Chanquía, y de los dueños de la empresa Iberoamericana de Servicios SA, Mario e Iván Pedraza, mientras que el último indagado será Néstor Manuel Piñeiro, dueño de la financiera local Crediba, vinculada también a la operatoria sospechada de Juan Ignacio Suris.
Todos ellos, al igual que las empresas cuestionadas, ya afrontan la inhibición general de todos sus bienes, por orden del juez López da Silva, quien dispuso el 11 de junio pasado congelar los inmuebles, vehículos y todo otro bien registrable que tengan los acusados
Cómo era la maniobra
Según los informes de AFIP Calvento y Penta era proveedores falsos de Constructora Patagónica, quien luego la facturaba servicios a Austral construcciones.
Por eso el organismo recaudador resalta que a partir de ser falsos los costos de Constructora Patagónica, por lo menos con el Grupo Penta y Calvento, se estaría sobrefacturando a Austral Construcciones para permitir la salida de dinero contable además de evadir IVA y ganancias.
La fiscalía concluye que gracias a la maniobra de asociación ilícita fiscal, Austral Construcciones blanqueó al menos 20 millones de pesos, producto de los sobreprecios.
En cuanto a la Afip, la fiscalía critica que cuando se advierten las irregularidades de Penta, no se lo incluye en el listado de usinas de facturas truchas. Creen que fue para que pueda seguir emitiendo facturas y no se impugnen las operaciones con Austral, la empresas de Lázaro Báez.
También la investigación remarca cómo se hacía la triangulación entre las empresas sospechadas. “Se advierte una típica maniobra para extraer dinero de la contabilidad, cuando se verifica una operatoria de sobrefacturación”, señala el escrito. Y cuenta el caso de Emilio Navarro, que fue empleado de Austral Construcciones, pero dirigía obras como dependiente del Grupo Penta. Esas obras era hechas para Constructora Patagónica, contratada por Austral Construcciones.
La actual inspección iniciada por la nueva administración de la AFIP sostiene que si se hubiera analizado la contabilidad de Constructora Patagónica, habrían advertido que el 50 % de sus costos deriva de empresas falsas. Y por lo tanto se hubiera llegado a Austral Construcciones, la última beneficiaria de esta cadena.
Por eso la fiscalía señala que “no hubiese sido posible el despliegue de semejante maniobra sin la connivencia, protección y apoyo interno del organismo recaudador”. Más adelante sostiene que “se verificaron claras maniobras activas de encubrimiento”. Y afirma que el “máximo exponente de protección” fue cuando Ricardo Echegaray disolvió la Dirección Regional Bahía Blanca.
En resumen, la fiscalía cree que AFIP encubrió a Báez y a los empresarios bahienses cuando cambiaron las jefaturas a cargo de las fiscalizaciones vinculadas con las usinas de facturas truchas, se evitó solicitar información a Austral Construcciones y se calificó rápidamente a Calvento como contribuyente apócrifo, pero se mantuvo como contribuyente normal al Grupo Penta, para justificar las operaciones que beneficiaban a Austral a través de Constructora Patagónica.
