“Esta es una primera parte de la investigación: la causa puede llegar a cualquier parte porque hay pruebas importantes”, adelantó días atrás el fiscal federal Carlos Stornelli en TN Central, sobre la causa de los cuadernos de las coimas.
El caso se encamina ahora hacia una segunda fase, que implicaría llamados a indagatoria de más empresarios y exfuncionarios. El juez federal Claudio Bonadio además procesaría a los acusados, entre ellos la expresidenta y senadora de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner.
Los investigadores evalúan citar a declarar a ejecutivos de la construcción, el transporte y las concesionarias viales, entre otros. No descartan ordenar una gran cantidad de detenciones, como sucedió en el primer tramo de la investigación.
Hasta el momento uno de los testimonios más fuertes de la causa es del financista de Néstor Kirchner Ernesto Clarens, al que Bonadio aceptó como arrepentido. Clarens admitió ante la Justicia que recibía sobornos de los empresarios y que se las entregaba a Daniel Muñoz, secretario privado del expresidente, y que murió en 2016.
Según su testimonio Muñoz era quien pasaba a buscar los bolsos llenos de dólares para entregárselos al matrimonio presidencial en el departamento ubicado en Uruguay y Juncal en Recoleta. Varios empresarios, en sus declaraciones, lo habían señalado como el recaudador de los bolsos con plata producto de la corrupción.
Además presentó un pendrive con una lista de 120 obras en las que hubo sobreprecios y por las que se pagaron sobornos que él mismo cobraba, que del total de esos trabajos, en 95 los empresarios que se las adjudicaban tenían que pagar “retornos”.
Clarens es además dueño de la financiera Invernes, investigada en la causa por lavado conocida como “La Ruta del Dinero K”, por la que está detenido Lázaro Báez, otra causa en la que está involucrada Cristina.
Otro de los arrepentidos es el expresidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner, que reveló detalles del circuito de pagos ilegales al kirchnerismo e indicó que tanto la exmandataria como el exministro K de Planificación Julio De Vido estaban al tanto de las irregularidades.
Wagner fue uno de los empresarios más beneficiados durante el kirchnerismo: con su compañía ESUCO consiguió contratos de obra pública por $ 7 mil millones. En su declaración ante la Justicia aseguró que De Vido le dijo que “la obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos”.
Contó también que Kirchner le exigió a De Vido que garantizara “el éxito acorde a los intereses del gobierno en las licitaciones públicas que se llamaron a partir de ese momento, fundamentalmente en el rubro vial, que tiene mayores montos y más significativos”.
Además de las citaciones y los procesamientos Bonadio debe resolver todavía si acepta como querellante a la Oficina Anticorrupción. En su presentación, el organismo liderado por Laura Alonso acusó a la exmandataria de estar “en la cúspide” de la supuesta “estructura delictiva” descripta con minuciosos detalles en cuadernos por Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta.
Para el organismo, después de mayo de 2003 y hasta diciembre de 2015 “habría existido un acuerdo de voluntades direccionado a crear y mantener una organización liderada por quienes estaban investidos como los máximos responsables de la administración del país, para que mediante un mecanismo ordenado, sistemático, sustentado en el tiempo fluyeran pagos de dinero, que se sabían corruptos”, de parte de empresas beneficiarias de contratos públicos.
Fuente: tn.com.ar
