El presidente Alberto Fernández se mostró comprensivo del reclamo de los reclusos para obtener excarcelaciones o arrestos domiciliarios en medio de la epidemia. Lo que generó el malestar de muchas familias.
Tal es el caso de tres madres. Mónica Cid, Laura Moreno y Alicia Pereyra.
Mónica Cid, perdió en 2016 a su hija Micaela Ortega, que fue asesinada por Jonatan Luna que algún tiempo después fue condenado a Cadena Perpetua.
El caso de Agustina Bustos, la joven que fue asesinada en el barrio Rucci en 2018. El juicio que debía comenzar en los próximos días se pospuso por la cuarentena. Y la impotencia de su madre Laura Moreno, al saber que hoy los internos piden por sus derechos y beneficios, como Matías Moreno, el único acusado del homicidio, que está en el Penal de Villa Floresta.
Ramiro Barragán el almacenero asesinado en su comercio de Libano y Patricios en 2017. Los asesinos Juan Manuel Ortiz condenado a perpetua y Gastón Figueroa cuya pena es de 28 años de cárcel. La mamá de la víctima Alicia Pereyra, también indignada por esos derechos que hoy piden los reclusos en los distintos penales del país.
En la provincia de Buenos Aires, donde la sobrepoblación es de 100 por ciento con 45 mil presos y capacidad para 23.400, hay unidades en huelgas de hambre y en algunas hubo revueltas.
En el primer mes de aislamiento salieron de las cárceles federales unas mil personas. 800 de ellas porque se les vencieron las penas o por distintos motivos recuperaron su libertad y las 200 restantes recibieron el arresto domiciliario por ser grupos de riesgo ante el coronavirus.
Por otra parte la abogada Fernanda Petersen criticó con dureza la liberación en el marco de la pandemia del sujeto que había sido condenado por abusar y dejar embarazada a una joven en el Patronato de la Infancia, a la cual dejó embarazada, Néstor Ibars. “Mi ahijada pudo poner en palabras lo que le hizo este monstruo. La Justicia se tomó siete años para condenarlo a otros siete y a los cinco lo liberó”.
