El fiscal Juan Pablo Fernández expresó en conferencia de prensa que la comunidad requería respuestas enérgicas y expeditivas sobre el caso de una persona que, a pesar de haber tenido su carnet de conductor retirado como medida cautelar, seguía chocando su vehículo y produciendo siniestros.

Explicó que se trataba de una infracción de tránsito, ya que el individuo no estaba habilitado para conducir, pero que no era un delito penal.

El fiscal señaló que no podía intervenir el Ministerio Público porque no se trataba de un delito público, por lo que se le pasaba la responsabilidad al Departamento de Tránsito del municipio.

Asimismo, Fernández dio a entender que si se producían lesiones o muertes a raíz de la desobediencia al retiro del carnet, entonces sí sería considerado un delito penal.

Concluyó que había herramientas para intervenir en el caso, tales como anticipar los controles de tránsito y hacer un seguimiento al infractor.

“No es que frente de una desobediencia se va preso. Hay herramientas para poder intervenir con nuestra legislación actual anticipando la intervención de los controles de tránsito, haciéndolo tempranamente con un seguimiento”, sostuvo Fernández.