En una audiencia virtual tres de los cinco acusados en la causa conocida como los robacables acordaron someterse a un juicio abreviado. Los imputados Emanuel Chamorro Sepúlveda, Jonathan Mauricio Gutiérrez y Ricardo Ezequiel Gómez aceptaron esta modalidad, que establece una pena de tres años de prisión en suspenso. Según explicó el abogado defensor, Maximiliano De Mira, esta modalidad no implica una admisión de culpabilidad, sino un acuerdo para ser juzgados únicamente sobre las constancias del expediente.
Los detalles del juicio abreviado
“El juicio abreviado no es un pacto de condena, sino una modalidad de juzgamiento”, aclaró De Mira. Este procedimiento permite que el juez dicte una pena que no exceda los tres años acordados previamente. Los imputados no cumplirán la pena en prisión efectiva debido a que no cuentan con antecedentes penales, y la calificación del delito —robo agravado en despoblado y en banda en grado de tentativa— permite la suspensión del cumplimiento.
Los casos de Gallardo y Ñancucheo
Sin embargo, dos de los acusados, Andrés Gallardo y Cristian Ñancucheo, no aceptaron esta instancia abreviada. En el caso de Gallardo, también defendido por De Mira, la fiscalía considera que su rol fue más preponderante en el delito, lo que complica las negociaciones. “No hay una calificación diferente para Gallardo, pero el fiscal interpreta que tuvo un rol de organizador, lo que podría justificar una pena superior”, detalló el abogado.
Gallardo, quien se encuentra en libertad, asume haber conducido una camioneta durante el hecho, pero niega ser el organizador de las actividades delictivas. Según su defensa, no existe una diferencia significativa en los roles de los imputados que justifique una pena más alta. De no llegar a un acuerdo, su caso será resuelto en un juicio oral, previsto para mayo.
Un futuro incierto
Hasta el momento, las negociaciones continúan para intentar alcanzar acuerdos similares al de los coimputados. De no ser así, el fiscal deberá argumentar en el juicio oral por qué considera que Gallardo tuvo una participación distinta y merecería una sanción mayor. Mientras tanto, el proceso avanza con miras a resolver una de las causas que más impacto ha generado en la región.
