Los días lunes 17 y martes 18 de marzo se llevará a cabo un paro total de actividades en las universidades nacionales. La medida, convocada por todos los sindicatos y federaciones de trabajadores docentes y no docentes, busca visibilizar la crisis salarial y presupuestaria que atraviesa el sistema universitario argentino.
El conflicto no es nuevo. Según Juan Cappa, representante de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (Aduns), la situación es similar a la del año pasado, cuando se realizaron multitudinarias marchas y un plan de lucha para exigir mejores condiciones laborales. “Desde noviembre de 2023, los salarios han perdido más de un tercio de su poder adquisitivo. La caída es del 34,3% según estadísticas oficiales“, detalló el dirigente gremial. Además, enfatizó que los sueldos ya eran bajos antes de esta pérdida y vienen en retroceso desde hace años.
A la crisis salarial se suma la incertidumbre presupuestaria. El último presupuesto votado en el Congreso fue en septiembre de 2022, y desde entonces las universidades han recibido actualizaciones discrecionales sin debate legislativo. “El gobierno solo responde cuando hay lucha. En abril de 2024 se logró un incremento de 270 mil millones de pesos para gastos de funcionamiento, que evitó el cierre de las universidades”, explicó Cappa. Sin embargo, aclaró que ese aumento solo alcanzó para pagar servicios básicos como luz y gas, sin destinar recursos a infraestructura o mejoras edilicias.
El impacto en los estudiantes también es profundo. “Las becas estudiantiles están congeladas en 35.000 pesos mensuales y se redujeron a la mitad, lo que genera una política de expulsión”, denunció el dirigente. Según datos oficiales, el 48,6% de los estudiantes universitarios provienen de hogares en situación de pobreza, lo que agrava aún más la crisis educativa.
Por otro lado, la precarización salarial de los docentes universitarios es alarmante. “El 70% de los docentes de las universidades nacionales cobra 420.000 pesos de bolsillo por mes. Estamos hablando de profesionales con dos cursos a cargo y tareas de investigación. Es un salario de indigencia“, afirmó Cappa.
