Por estos días, un conjunto de fallos emitidos por cámaras federales del interior del país volvió a poner el foco sobre una de las mayores deudas del sistema previsional: la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados entre 2021 y 2024. Mendoza, Mar del Plata, Salta y Córdoba son las jurisdicciones donde ya se dictaron sentencias que cuestionan la legalidad o constitucionalidad de la ley 27.609, norma utilizada durante ese período para calcular los aumentos jubilatorios.
“Estos fallos tienen diferencias técnicas, pero en lo esencial coinciden: consideran inaplicable o inconstitucional la fórmula del gobierno anterior y ordenan, salvo en un caso, aplicar el índice de precios al consumidor (IPC) como mecanismo de actualización“, explica Verónica Grimaldi, abogada previsionalista.
¿Quiénes pueden beneficiarse?
Pese a la expectativa que generan, Grimaldi aclara que estos fallos “no benefician automáticamente a todos los jubilados“, ya que en Argentina el sistema judicial solo resuelve “casos concretos”. Esto significa que cada jubilado o pensionado debe iniciar su propio reclamo para obtener una sentencia favorable.
“Si no se hizo juicio, o si el juicio no planteó específicamente esta ley, no hay beneficio”, remarca. “Lamentablemente, el Estado no ha promovido ninguna reparación colectiva, y mientras eso no ocurra, la única vía es individual”.
En caso de iniciarse una demanda hoy, el jubilado podría reclamar un retroactivo de hasta dos años, según la prescripción prevista por la ley 18.037 y las propias normativas de ANSES. “Quien reclama en mayo de 2025 podría obtener una recomposición desde mayo de 2023”, señala.
El otro golpe: fin de las moratorias
Como si fuera poco, la reciente caída de la ley 27.705 —conocida como “moratoria para amas de casa”— dejó a muchas personas mayores sin acceso a la jubilación. Hasta ahora, ese régimen permitía regularizar años no aportados para alcanzar los 30 años exigidos por ley.
“La moratoria sigue solo para quienes aún no alcanzaron la edad jubilatoria: mujeres entre 50 y 59 años y hombres entre 50 y 64. Pero quienes ya tienen la edad y no llegaron con los aportes, hoy no tienen ninguna opción viable”, lamenta Grimaldi.
La única alternativa vigente es una vieja moratoria (ley 24.476) que permite regularizar hasta el año 1993, lo que deja fuera a la gran mayoría de los adultos mayores. En los hechos, esto ha provocado un freno masivo en el acceso a las jubilaciones.
Actualmente, en el Congreso hay al menos 11 dictámenes que buscan modificar esta situación, y se espera una convocatoria para discutir el tema en sesión. Sin embargo, hasta que haya una nueva norma, la exigencia de 30 años de aportes sigue siendo una barrera infranqueable.
“Mucha gente quedó y va a seguir quedando afuera”
Con décadas de experiencia en el tema, Grimaldi es clara: “Hoy, de cada 10 personas en edad jubilatoria, solo 3 logran acceder sin moratoria. Y entre las mujeres, solo 1 de cada 10 lo consigue“.
La abogada advierte que, si no se modifica el piso de aportes o se crea un nuevo régimen de regularización, “mucha gente va a seguir quedando en el camino”. Para miles, el derecho a una jubilación digna se vuelve cada vez más lejano.
