Esta semana se desarrolla en todo el país una nueva jornada de visibilización impulsada por trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales, en conjunto con sectores de la educación obligatoria de la provincia de Buenos Aires. El reclamo es claro: exigen la reapertura de paritarias, una recomposición salarial urgente y la restitución de fondos que impactaban directamente en la educación pública.
Los datos son tan contundentes como preocupantes: la pérdida del poder adquisitivo del salario ronda, en promedio, el 80%. Las negociaciones paritarias han sido reemplazadas por decisiones unilaterales del Estado nacional y la situación en muchas universidades es crítica. “Hemos perdido seis sueldos”, advierte una trabajadora universitaria. “No nos sentamos a discutir paritarias, no hay diálogo, y los aumentos decretados están muy por debajo de la inflación. Así, seguimos perdiendo.”
En Bahía Blanca, por ejemplo, el panorama es alarmante. Según representantes no docentes de la Universidad Tecnológica Nacional, el 80% del personal está por debajo de la línea de pobreza. “No tenemos negociación. Las paritarias son impuestas y cada vez estamos más lejos de cubrir una canasta básica”, señalan.
La precariedad lleva a muchos trabajadores a buscar ingresos extra por fuera del ámbito educativo. “Hay compañeros que, además de su trabajo en la universidad, salen a hacer changas, venden pan o manejan Uber. Lo que pedimos al gobierno no es un favor, es que nos devuelvan lo que nos quitaron”.
Aunque las provincias tienen responsabilidad directa sobre la educación primaria y secundaria, los recortes del Estado nacional profundizan la crisis. “Desde enero de 2024, sufrimos un vaciamiento. ¿Cómo se sostiene la educación sin inversión? No puede haber salud ni educación pública sin fondos”, lamentan desde las organizaciones sindicales.
Frente a esta situación, docentes y no docentes no solo luchan por mejores condiciones salariales, sino también por sostener un sistema que beneficia a toda la sociedad. “La universidad no es solo de quienes trabajamos o estudiamos en ella. Es del pueblo. Sin universidad pública no hay médicos, ingenieros, ni docentes que el país necesita”, remarcan.
El reclamo también apunta al veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario, un proyecto que buscaba aumentar el presupuesto al 1,4% del PBI. Esta ley, aseguran, no representaba un gasto, sino una inversión social de largo plazo. “El Estado invierte en la formación de profesionales durante más de diez años, pero hoy esos mismos profesionales migran al sector privado por falta de reconocimiento. Eso es una pérdida para toda la sociedad.”
El Consejo Superior Universitario ratificó esta semana la emergencia salarial y llamó a sostener la unidad gremial en defensa de la universidad pública. Lejos de aflojar, docentes y no docentes insisten en redoblar la apuesta: más movilización, más visibilidad, más unidad.
“No le pedimos milagros al gobierno. Le pedimos que cumpla con lo básico. Que escuche. Que entienda que sin educación pública no hay futuro. Y que si recortan hasta el derecho a huelga, lo único que generan es más resistencia”, concluyen.
Esta entrada ha sido publicada el 22 de mayo, 2025 11:34
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