El Colegio de Martilleros de Bahía Blanca confirmó que recibió múltiples denuncias contra el titular de la inmobiliaria Yivoff, acusado de haber cobrado alquileres por adelantado sin rendir el dinero a los propietarios. El caso salpica a un matriculado que, si bien figura en los registros profesionales, tiene inhabilitada su matrícula por ser funcionario judicial, condición que le impide ejercer legalmente como martillero.
Carlos Esteban, presidente del Colegio, detalló que “este hombre está matriculado, pero no puede ejercer porque es funcionario de tribunales. Su matrícula está bloqueada por incompatibilidad”. A pesar de ello, habría continuado operando en el mercado inmobiliario mediante contratos que no figuran a su nombre, sino al de su madre. “Lo único que podría vincularlo directamente es una cuenta corriente en la sucursal Tribunales, donde se depositaban los alquileres”, explicó Esteban.
Entre las denuncias recibidas, hay casos graves: alquileres cobrados por más de un año sin rendir cuentas a los propietarios, y al menos una causa penal en la UFI que involucra a más de 10 inmuebles. “El Colegio dio traslado de las denuncias como corresponde, pero nunca tuvimos respuesta. En su momento se dijo que estaba internado, luego que no estaba en Bahía. Incluso un familiar se acercó a prometer arreglos que nunca se concretaron”, afirmó el titular del colegio profesional.
Desde la institución aseguran que hay muchas personas damnificadas y reiteran la importancia de verificar si un operador está autorizado a ejercer. “Hemos tenido casos de estafas virtuales, sobre todo en temporadas de verano, con falsos alquileres en Monte Hermoso o Sierra de la Ventana. Por eso insistimos: antes de firmar o pagar, consulten en el Colegio”, remarcó Esteban.
¿Qué pasa con los inquilinos?
En este entramado, los inquilinos no serían legalmente responsables. “Si pagaron el alquiler y tienen recibo, no se los puede responsabilizar. En la mayoría de los casos siguen viviendo en los inmuebles”, sostuvo Esteban. Los grandes perjudicados son los propietarios, que confiaron sus propiedades a alguien no habilitado para ejercer, y ahora no reciben el dinero correspondiente.
Desde el Colegio informaron que el caso fue elevado al Tribunal de Disciplina, y que se evalúan sanciones severas, que podrían incluir la exclusión definitiva del acusado de la matrícula profesional.
Mientras tanto, los propietarios damnificados siguen esperando respuestas y soluciones por una estafa que revela fallas en los controles y deja en evidencia la necesidad de mayor prevención en las operaciones inmobiliarias.
