En medio de la polémica por el veto presidencial a la Ley de Emergencia para Bahía Blanca, el vocero presidencial Manuel Adorni salió a respaldar la decisión del Ejecutivo con un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.
El funcionario sostuvo que la norma aprobada por amplia mayoría en el Congreso “duplicaba” la asistencia ya brindada a los damnificados por el temporal del 7 de marzo, y acusó a los legisladores de “hacer política con la tragedia”.
“El 1° de abril, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno Nacional asistió a Bahía Blanca con $200.000 millones para ayudar de manera directa a los damnificados”, escribió Adorni. En su publicación, también detalló que el Estado Nacional otorgó otros $10.000 millones al municipio, habilitó líneas de crédito del Banco Nación, envió insumos médicos en nueve vuelos, ambulancias, un hospital móvil y personal de fuerzas federales para el rescate de 716 personas.
“Hoy, casi tres meses después (sí, casi tres meses después), la casta política pretende hacer política con la tragedia”, expresó el vocero, justificando el veto de Javier Milei a la Ley 27.790. “Por eso, el Presidente vetó la ley que duplicaba la asistencia ya dispuesta. Fin”, concluyó.
El 1° de abril, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno Nacional asistió a Bahía Blanca con 200.000 millones de pesos para ayudar de manera directa a los damnificados. También brindó una ayuda económica de 10.000 millones de pesos al municipio, lanzó tres…
— Manuel Adorni (@madorni) June 24, 2025
La ley en cuestión fue aprobada por unanimidad en el Senado y por amplia mayoría en Diputados, y contemplaba la creación de un fondo especial de $200.000 millones para obras de infraestructura, reactivación económica y asistencia directa a los afectados por el temporal. El Gobierno argumentó que la norma no especificaba fuentes de financiamiento y que sus objetivos ya habían sido cubiertos por el DNU 238/25.
Mientras tanto, legisladores de la oposición anunciaron que buscarán insistir con la sanción de la ley en el Congreso, en defensa de lo que consideran “una herramienta institucional legítima” para asistir a las zonas afectadas.