En las últimas horas hubo una denuncia colectiva que crece día a día: familiares de adultos mayores fallecidos en un geriátrico del barrio Patagonia acusan a la responsable del lugar de abandono, maltrato y condiciones indignas. Exigen justicia, respuestas y que el sitio sea clausurado de forma definitiva. El establecimiento está ubicado en calle Rayén al 200 y, según testimonios, continúa funcionando a pesar de las múltiples denuncias.
Florencia, una de las denunciantes, relata que su abuelo ingresó al geriátrico en buenas condiciones: caminaba, era autosuficiente y, aunque padecía Alzheimer, no presentaba complicaciones graves. Sin embargo, en pocas semanas su salud se deterioró rápidamente. “Salió de ahí con hipotermia, deshidratado, lleno de lesiones. Cuando lo revisaron en el otro geriátrico, tenía agujeros en la piel, el cuerpo marcado por el abandono. Lo dejaron tirado en la puerta como un paquete”, dijo.
La situación no fue aislada. Otros familiares comenzaron a compartir historias similares. Javier, por ejemplo, trasladó a su padre al mismo hogar con la esperanza de que pasara sus últimos días cuidado y acompañado. “En menos de un mes, mi viejo murió. Llegó al hospital con neumonía, desnutrido, con un corte infectado que nunca fue curado. Estaba en estado de hipotermia. Todo lo que prometieron fue una mentira”, expresó.
Las denuncias incluyen también graves irregularidades en el funcionamiento interno. Las habitaciones carecen de calefacción, el lugar no tiene gas, según constató personal de la DDI que ingresó por orden judicial, los residentes comían una vez por día y la hidratación era escasa. En varios casos, los familiares afirman que sus seres queridos desarrollaron insuficiencia renal por falta de agua.
El geriátrico es presentado públicamente como propiedad de María Gabriela Romero, a quien apuntan como la principal responsable. “No da la cara. Se presenta para cobrar y después desaparece”, aseguran. Los testimonios también revelan que Romero ha tenido otros establecimientos, tanto en Bahía Blanca como en Buenos Aires, donde habría repetido este mismo patrón de abandono y precariedad.
La situación de las empleadas tampoco escapa al conflicto. Lorena, quien trabajó allí, denuncia precarización laboral, falta de pago y amenazas. “Estaba sola con 16 abuelos, algunos en habitaciones arriba a las que se accede saliendo a la intemperie. En invierno. No te daban herramientas, ni ropa, ni productos para limpiar. Todo sucio, todo desbordado. Y si te quejabas, te echaban o te amenazaban”, contó.
Según las familias, hay al menos seis casos documentados de fallecimientos en condiciones que consideran evitablemente crueles. No obstante, la cifra real podría ser mayor. Algunas denuncias se remontan incluso a 2014, cuando Romero habría administrado otro hogar en calle Montevideo. “Nos dicen que ahí tenía a los abuelos atados, encerrados en un quincho. Esto no es nuevo. Y sigue abierta”, alerta Florencia.
Actualmente, el hogar de Rayén 219 sigue operativo. Y aunque ya fue inspeccionado y tiene informes adversos de la Región Sanitaria, aún no fue clausurado. “No queremos venganza. Queremos justicia. Que nadie más viva lo que nosotros pasamos. Que esta mujer no vuelva a estar a cargo de ningún abuelo nunca más”, reclamó Javier.
