“Nosotros lo que hacemos es trabajar junto con los colegas. Acompañarlos, asesorarlos”. Así define su rol Edgardo Chacana, presidente de la cámara de geriátricos, vinculado a la habilitación y fiscalización de hogares de adultos mayores en Bahía Blanca, frente a un sistema que, en lugar de facilitar el cuidado digno, lo entorpece con normas que no se ajustan a la realidad.
Hoy en la ciudad hay entre 13 y 15 geriátricos habilitados. Pero la cifra no refleja el mapa real: hay muchos más funcionando en la informalidad. ¿Por qué? “La norma que nos regula hace que sea muy difícil habilitar. Muy burocrática. No condice con la realidad”.
Las trabas comienzan desde la infraestructura: muchas veces se trata de casas particulares que no fueron pensadas para ese uso. Ampliaciones, reformas, adecuaciones: construir más baños, sumar espacios, conseguir el permiso del dueño de la propiedad para hacer obras. Y después, la lista técnica y documental: informe de bomberos, certificados del personal médico, de enfermería, cuidadores, todo en regla. “Es todo muy importante, por eso justamente se vuelve tan difícil llegar a esa habilitación”, dice Edgardo.
Según sus estimaciones, entre 5500 y 7000 adultos mayores están institucionalizados en Bahía Blanca. Una cifra enorme, para tan pocas instituciones en regla. Esa brecha deja a miles en un terreno frágil: el de los hogares que funcionan pero no están habilitados. Algunos sin problemas aparentes. Otros, con denuncias, como el caso del Hogar Los Arcos, que vuelve a poner en foco el control y la responsabilidad.
Cuando aparece una denuncia, se comunican con el propietario. “A veces me entero por las noticias. Nos ponemos a disposición, pero la intervención judicial es lo que determina las consecuencias”, dice.
Las respuestas son medidas. No hay un accionar policial ni sancionatorio desde su área. La justicia investiga, y si hace falta, Región Sanitaria coordina evacuaciones y reubicación de personas mayores. Pero las piezas llegan tarde. La intervención es casi siempre reactiva.
En el fondo, todo gira en un círculo vicioso: la burocracia imposibilita la habilitación, la informalidad crece como respuesta, y las garantías para quienes viven allí quedan libradas al azar. “Lo que hacemos es acompañarlos”, repite Edgardo. Pero no alcanza. Porque cuando el sistema no habilita, lo que falla no es solo una norma. Falla el cuidado. Falla el Estado.
