Mauro Reyes, presidente del Concejo Deliberante, celebró la aprobación de una ordenanza que busca informar al consumidor sobre qué parte del precio final de un producto corresponde a tributos municipales, provinciales y nacionales.
En sintonía con una reciente disposición nacional incluida dentro de la Ley Bases, el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó esta semana una ordenanza que implementa el Programa de Transparencia Fiscal. La medida tiene como eje central la colocación de cartelería informativa en comercios y negocios de venta directa al consumidor, detallando el peso de tasas, impuestos y contribuciones en el precio final de productos y servicios.
“Aprobamos el Programa de Transparencia Fiscal en la ciudad”, destacó el presidente del cuerpo legislativo, Mauro Reyes, quien impulsó la iniciativa. “Queremos que el consumidor sepa qué está pagando, cuánto, y para quién”, agregó.
La norma, que replica un esquema promovido a nivel nacional, busca informar sin burocratizar. En lugar de cargar los tickets y facturas con ítems adicionales, se optó por un método más accesible: carteles visibles en los locales, acompañados de enlaces o códigos QR, que permitirán acceder desde el celular a una explicación más profunda.
La cartelería deberá indicar con claridad los distintos tributos que impactan en el precio: tasas municipales, como Seguridad e Higiene o Derecho de Publicidad, además de impuestos provinciales (como Ingresos Brutos) y nacionales (IVA, Ganancias, etc.). La implementación será gradual, pero se espera que en las próximas semanas comience a verse en supermercados, almacenes, ferreterías, farmacias y otros locales de venta directa.
“Cuando hablamos con comerciantes, muchos nos dijeron que incluir este detalle en cada ticket era inviable por costos y por la infraestructura que requieren los sistemas de facturación”, explicó Reyes. “Entonces buscamos una opción más viable y clara para el consumidor”.
El programa no sólo apunta a brindar información, sino a estimular una ciudadanía más crítica y activa. “Muchas veces hay indignación porque los impuestos superan el valor del producto en sí. Esa sensación es real, la compartimos todos. Pero también creemos que la información puede transformar esa bronca en exigencia y presión concreta para que el Estado mejore su eficiencia”, afirmó Reyes.
Desde el Ejecutivo municipal, tras la promulgación de la ordenanza, se conformará una autoridad de aplicación mixta, integrada por concejales, funcionarios de la Secretaría de Economía, representantes de la OMIC y del sector privado, para definir los criterios visuales, el contenido obligatorio y los plazos para cada tipo de comercio.
Esta entrada ha sido publicada el 11 de julio, 2025 13:28
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