La incertidumbre crece en los distritos de Vialidad Nacional a lo largo del país. Desde que se conoció el decreto del Gobierno que anticipa un posible cierre de la histórica institución, creada hace más de 93 años por ley del Congreso, los trabajadores y sus gremios se encuentran en estado de alerta.
En Bahía Blanca, donde funcionan oficinas y campamentos que articulan las tareas viales en gran parte del sur bonaerense, el secretario general del Sindicato de Personal de Vialidad Nacional, Eduardo Palomo, fue categórico, “Hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna novedad concreta. Solo sabemos que hay un proyecto de cierre definitivo, y eso nos parece una decisión inadmisible”, afirmó.
La preocupación no es menor, en la región trabajan 142 empleados que cubren no solo Bahía Blanca, sino también zonas como Pigüé, Pedro Luro, Tres Arroyos, Necochea, y puntos clave como las balanzas de General Cerri y Pigüé. Según el sindicato, el desmantelamiento afectaría directamente la estructura estatal encargada de mantener rutas, controlar pesos, garantizar la seguridad vial y coordinar obras fundamentales.
Frente a esta amenaza, los gremios han activado medidas judiciales y políticas. “Se presentaron amparos en todo el país. También en el Congreso. Esperamos que diputados y senadores comprendan la gravedad de cerrar una institución nacional como esta”, sostuvo Palomo.
El temor principal no es solo la pérdida de empleo, es la posibilidad de que los bienes del organismo, edificios, campamentos, equipamiento, sean rematados, transformando lo público en negocio privado.
“Todo indica que buscan disolver Vialidad para después vender lo que queda. No se puede permitir que algo tan estratégico se convierta en un negocio inmobiliario”, advirtió el dirigente.
Este miércoles hubo una jornada de visibilización del conflicto, sin cortes de ruta, pero con presencia en espacios clave. Y se anticipa que la semana próxima continuarán las acciones en la Ruta 3 Sur para mantener el reclamo activo y lograr el acompañamiento de la sociedad.
El diálogo con las autoridades nacionales, por ahora, parece nulo. “El administrador de Vialidad nos dice que no sabe nada. Pero nos cuesta creer eso. Son funcionarios con llegada directa al poder político. No hay voluntad de frenar esto”, lamentó Palomo.
