Por la memoria de su abuelo y por los que ya no pueden hablar, Florencia Salinas pone la voz en una causa que sacude a la ciudad, el proceso de clausura del geriátrico Los Arcos, en el barrio Patagonia, señalado por funcionar sin habilitación, sin controles y con una seguidilla de muertes bajo sospecha de abandono y maltrato.
“El lugar nunca tuvo habilitación. Nunca. Y la mujer que lo maneja trabaja hace 30 años con abuelos”, denuncia Florencia, nieta de una de las víctimas, en diálogo con Canal Siete. Su testimonio es uno entre varios, pero no uno más. Ella fue de las primeras en denunciar penalmente lo que pasaba dentro del hogar. Lo hizo cuando su abuelo aún vivía. Pero hoy ya no puede contar su historia.
“Lo sacamos del geriátrico por el deterioro que tuvo. Después se cayó en el nuevo lugar donde lo habíamos llevado, pero murió con una neumonía vieja, que arrastraba de Los Arcos, y con lesiones en el cuerpo que nunca le habían tratado. Eso fue lo que denuncié”, dijo.
La Secretaría de Salud confirmó la clausura administrativa del lugar. El acta de inspección habla por sí sola, sin habilitación, sin personal médico estable, sin historias clínicas, sin alimentos seguros, sin matafuegos. “¿Cómo un familiar puede pedir que su ser querido siga ahí?”, pregunta Florencia, al enterarse de que algunos allegados a los actuales internados presentaron una nota para evitar el cierre.
“Los once que quedan hoy no tienen demencia senil. Por eso reciben otro trato”, sostiene. “El patrón de esta mujer era ensañarse con quienes no pueden hablar. Los más vulnerables.”
Según Florencia, varias víctimas ingresaron con cuadros propios de la edad pero estaban lúcidos, se valían por sí mismos. “Uno se hacía el mate solo. En un mes, ya usaba pañales y estaba perdido. Lo sacaron, lo internaron, y al otro día murió con hipotermia y desnutrición.”
Ella exige que la justicia avance, pero no solo con la clausura. “Queremos un cambio de carátula. No es abandono. Es homicidio doloso en comisión por omisión. Si yo dejo a mi abuelo al cuidado de una institución, y esa institución no lo cuida, eso es un homicidio por omisión.”
En su relato hay detalles que duelen, un abuelo que pedía agua y no se la daban, que dormía en un colchón finito hasta que la familia llevó uno nuevo, que usaba ropa y zapatos ajenos, que comía poco y mal.
“Cada vez que íbamos, mi abuelo decía que tenía hambre y sed. Tenía que tomar dos litros de agua por día y nunca tenía su botella al lado. Se la llevábamos y desaparecía.”
La causa judicial sigue abierta. Las denuncias crecen. “Esto tiene que ser un precedente. No puede seguir pasando”, sentencia Florencia. “Ya no es solo por mi abuelo. Es por todos los que no están y no pueden contar lo que vivieron.”
