“No es lo mismo hacer justicia a 600 kilómetros”: el traslado de la causa por entradas truchas reaviva el malestar de las víctimas

Por decisión del juez de Garantías N°2 de Bahía Blanca, Guillermo Mércuri, la investigación por la venta fraudulenta de entradas para el partido entre Argentina y Brasil jugado el 25 de marzo en el estadio Monumental ya no seguirá su curso en la ciudad. El expediente, que involucra a la influencer local Francisca “Frany” Pérez, pasará ahora a la órbita de la Justicia porteña.

La resolución, avalada por el fiscal Gustavo Zorzano, se basa en el principio de conexidad objetiva y subjetiva, ya existe una causa previa en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se investigan hechos con puntos en común. Sin embargo, la decisión de trasladar el expediente a Capital Federal encendió alarmas entre quienes representan a las víctimas.

Martiniano Greco, abogado de una parte de los damnificados, fue claro, “No es lo mismo intervenir en una ciudad donde están prácticamente todas las víctimas, que hacerlo a 600 kilómetros de distancia”, advirtió en diálogo con la prensa.

Una justicia lejana

Greco expresó su preocupación por las consecuencias prácticas de la medida, “En caso de que haya un juicio oral y público, y ese juicio sea presencial, implicaría el traslado de todas las víctimas a Capital Federal. Eso, a mi criterio, obstaculiza la administración de justicia”.

Las víctimas, en su mayoría bahienses, compraron entradas que jamás existieron. Se habían ilusionado con ver a la Selección campeona del mundo en un clásico sudamericano histórico. En cambio, quedaron fuera del estadio y, en muchos casos, con sus ahorros perdidos.

El abogado recalcó que “la numerosidad de víctimas es mayúscula, supera los centenares” y que esa dimensión debería ser tenida en cuenta al momento de definir la jurisdicción más adecuada para garantizar el acceso a la justicia.

¿Beneficio para la imputada?

Consultado sobre si el cambio de jurisdicción podría favorecer a Francisca Pérez, principal apuntada en la causa, Greco evitó especular, “No sé si podemos hablar en términos de favorecer o no. Su defensor sabrá si esto la beneficia. La defensa también se opuso al traslado. Así como afecta a las víctimas, también afecta a los imputados, porque no es lo mismo defenderse en Bahía que en Capital”.

En cuanto a la posibilidad de que Pérez devuelva el dinero a quienes la denunciaron, el abogado fue tajante, “En lo que respecta a nuestros representados, no hubo ninguna propuesta formal. Tal vez trascendió en lo mediático, pero en el expediente no hay constancia”.

Por ahora, el futuro de la causa está supeditado a la aceptación de la competencia por parte del tribunal porteño. Si eso ocurre, el camino judicial continuará lejos del lugar donde ocurrió la mayoría de los daños. Más allá del cambio de sede, lo que no cambia es la incertidumbre de cientos de víctimas que aún esperan respuestas.