En Argentina, el sector de la discapacidad atraviesa un momento crítico. La falta de actualización de aranceles desde diciembre y los pagos diferidos por parte de las obras sociales impactan tanto en los profesionales como en las familias que dependen de las prestaciones.
Celeste Schmidt, acompañante terapéutica, resume la situación con crudeza, “El gobierno le pega fuertemente al sector de discapacidad, tanto a quienes tienen una discapacidad, a sus familias y a quienes prestamos el servicio. Mi salario no ha tenido aumentos desde diciembre del año pasado”. La Ley de Emergencia en Discapacidad, que buscaba garantizar fondos para actualizar valores, sigue sin aplicarse.
El retraso en los pagos, la judicialización de casos para que las obras sociales cubran tratamientos y la precarización laboral empujan a muchos profesionales a buscar ingresos fuera de su área. “Vendo sorrentinos para poder llegar a fin de mes”, admite Celeste.
Las consecuencias llegan directamente a quienes reciben las terapias. Yanina Dacal, madre de una chica con discapacidad, advierte que la discontinuidad de los tratamientos provoca retrocesos, “Ellos ya tienen un desfasaje entre la edad real y la cronológica. Cuando se interrumpen las terapias, se pierden avances, en el lenguaje, en la motricidad o en la regulación de conductas. Los terapistas son quienes generan esos vínculos que permiten la inclusión”.
En su caso, Yanina reconoce que la labor de una acompañante terapéutica fue clave para poder sostener su vida familiar y laboral, “Gracias a alguien como ella, pude resolver mi vida. Soy docente y mamá de una niña con discapacidad que necesita terapias y medicación constante. Hoy, con la precarización y los recortes, cada día se hace más difícil garantizar lo que ella necesita”.
