El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de resolución presentado por los ediles Gisela Caputo y Emiliano Alvarez Porte, que solicita al gobernador Axel Kicillof prohibir el uso de teléfonos celulares en todos los establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa surge en respuesta a la continuidad de un permiso excepcional otorgado en 2020, en el marco de la pandemia, cuando el juez de Casación Penal bonaerense Víctor Violini autorizó a los internos a tener celulares para comunicarse con sus familias y abogados. Aunque las restricciones sanitarias finalizaron, la medida se mantuvo y, según datos oficiales de noviembre de 2024, el 73% de la población carcelaria bonaerense —unas 43.000 personas privadas de libertad— posee un dispositivo “registrado” dentro de su celda.
El proyecto advierte que esta situación derivó en la comisión de múltiples delitos desde las cárceles: estafas virtuales, grooming, hostigamiento a víctimas y venta de drogas, entre otros. Casos recientes lo confirman: en junio de 2025, un preso creó un perfil falso para extorsionar a menores, mientras que en septiembre de 2024, en la Unidad 39 de Ituzaingó, se concretó una ciberestafa suplantando la identidad de un funcionario de salud.
Además, investigaciones revelaron que internos condenados por abuso sexual y tentativa de homicidio operaban redes delictivas con billeteras virtuales y el llamado “código trampa”. A nivel local, se recuerda el caso del femicida Jonathan Luna, quien desde su celda logró comunicarse vía Facebook con la madre de Micaela Ortega, generando una nueva instancia de revictimización.
Los concejales remarcaron que esta situación contrasta con la política del Servicio Penitenciario Federal, donde el uso de celulares está prohibido y en lo que va de 2025 ya se incautaron más de 11.000 dispositivos.
El proyecto de resolución solicita al Ejecutivo provincial que, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la autoridad penitenciaria correspondiente, disponga la incautación de los celulares actualmente en poder de los internos y se restablezca la prohibición vigente en el ámbito federal.
La resolución será remitida también a los ministerios de Justicia y Seguridad bonaerenses, y a ambas cámaras legislativas provinciales, en busca de respaldo político a una medida que, aseguran, responde a la demanda social de mayor seguridad y al reclamo de las víctimas.
