El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dispuso la creación de la Fiscalía de Distrito de Bahía Blanca, que a partir de este lunes encabezará al Ministerio Público Fiscal de la Nación en once municipios de la provincia de Buenos Aires y en toda la provincia de La Pampa, en el marco de la implementación plena del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en ese ámbito territorial.
A través de la Resolución PGN 42/2025, Casal designó, de manera provisional, al fiscal general Horacio Azzolin -también titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI)- como fiscal con funciones de coordinación en el nuevo distrito, y estableció el nuevo esquema organizacional que reemplazará a las fiscalías federales, las fiscalías generales ante los tribunales orales federales y a la fiscalía general ante la Cámara Federal de Bahía Blanca y Santa Rosa.
La Fiscalía de Distrito de Bahía Blanca estará compuesta por dos unidades fiscales: la de Bahía Blanca -con jurisdicción en los partidos bonaerenses de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Monte Hermoso, Patagones, Puán, Saavedra, Tornquist y Villarino-, cuyo titular será el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez; y la de Santa Rosa, que intervendrá en toda la provincia de La Pampa y estará a cargo de la fiscal federal Iara Jésica Silvestre.
Asimismo, designó de forma provisoria al fiscal general Gabriel González Da Silva y al ya mencionado fiscal federal Martínez, para ejercer los cargos de fiscal revisor y fiscal revisor suplente, respectivamente.
Cada unidad fiscal estará organizada con las siguientes áreas: Atención Inicial; Investigación y Litigio de Casos Sencillos; Investigación y Litigio de Casos Complejos; Transición; Ejecución Penal; Atención y Acompañamiento a Víctimas; No Penal y Electoral.
En la resolución, el procurador recordó que el sistema acusatorio debía implementarse en esta jurisdicción el pasado 5 de mayo, pero se pospuso al 29 de septiembre “debido a las devastadoras consecuencias del temporal que afectó a la ciudad de Bahía Blanca y sus localidades aledañas a principios de marzo de este año”.
Unidad Fiscal Bahía Blanca
El procurador dispuso el siguiente esquema provisional para los fiscales que estarán a cargo de cada área en la Unidad Fiscal Bahía Blanca, cuyo titular será el fiscal Martínez:
- Área de Atención Inicial: Dino Berdini.
- Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos: Elisa Trinchín.
- Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos: el mismo titular de la unidad, el fiscal Martínez.
- Área de Transición: los fiscales y fiscales generales Martínez, Azzolin, González Da Silva y Agustín Carestía.
- Área de Ejecución Penal: Trinchín.
- Área de Atención y Acompañamiento a Víctimas: Berdini.
- Área No Penal: el fiscal general Azzolin.
Unidad Fiscal Santa Rosa
En cuando a la Unidad Fiscal Santa Rosa, cuya titular será la fiscal federal Silvestre, la estructura provisional de autoridades designadas por el procurador, será la siguiente:
- Área de Atención Inicial: a cargo de la misma titular de la unidad, la fiscal Silvestre.
- Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos: Federico Martín Iparraguirre.
- Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos: Silvestre.
- Área de Transición: las y los fiscales y fiscales generales Silvestre, González Da Silva, Iparraguirre y Carestía.
- Área de Ejecución Penal: Iparraguirre.
- Área de Atención y Acompañamiento a Víctimas: Iparraguirre.
- Área No Penal y Electoral: Silvestre.
La situación y las problemáticas de la jurisdicción
El procurador realizó un análisis sobre las características y el abordaje institucional de los fenómenos criminales con competencia federal en la jurisdicción. En ese aspecto, destacó a “la ciudad de Bahía Blanca como principal centro urbano del sur de la provincia de Buenos Aires, con una población de 622.493 personas -correspondientes a la ciudad y los municipios que integran la jurisdicción-, y la ciudad de Santa Rosa, como capital de la provincia de La Pampa, con una población de 366.022 personas”.
Explicó que, dentro de la circunscripción, “existe un importante puerto marítimo comercial y la Base Naval Puerto Belgrano de la Armada Argentina, así como otros establecimientos de magnitud de las Fuerzas Armadas”. Y mencionó además que cuenta con cuatro complejos del Servicio Penitenciario Federal, todos dentro de la provincia de La Pampa: Colonia Penal Santa Rosa (Unidad Nº4), el Instituto Correccional de Mujeres (Unidad Nº13), el Instituto de Jóvenes Adultos (Unidad Nº30); y el Instituto Correccional Abierto de General Pico (Unidad Nº25).
En cuanto al tipo de fenómenos criminales de carácter federal presentes en la jurisdicción, remarcó que “tal como ocurre en casi todo el territorio nacional, predominan los ingresos de casos vinculados con estupefacientes”, aunque aclaró que esa preeminencia se concentra en la provincia de La Pampa y ello se explica principalmente por el hecho de que -a diferencia de la provincia de Buenos Aires- la de La Pampa aún no adhirió a la ley de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, por lo que el fuero federal aún interviene en la persecución del narcomenudeo y los casos calificados como tenencia para uso personal.
En el siguiente grado de incidencia, Casal indicó que se encuentran los casos registrados bajo la categoría residual de “común” del sistema informático de gestión de casos Coirón, “que constituyen el 40% de los ingresos del distrito durante el primer semestre de este año, seguidos por algunas investigaciones por hechos de criminalidad económica y financiera, delitos contra la administración pública, trata de personas y violencia institucional”. También mencionó que la presencia de complejos penitenciarios federales en la provincia de La Pampa conlleva la intervención habitual del Ministerio Público Fiscal en “acciones de hábeas corpus”.
En cuanto a la cantidad de casos ingresados, describió, según se desprende de los registros del sistema Coirón, que en el primer semestre de este año se registraron 820 en el distrito. La mayor entrada se verifica en la fiscalía federal de la ciudad de Santa Rosa.
La necesidad en reforzar de recursos al MPF
Tal como ya mencionó en resoluciones que pusieron en funcionamiento el sistema acusatorio en otras jurisdicciones, Casal recalcó la necesidad del fortalecimiento de la representación del MPF en la jurisdicción.
“Se advierte que para afrontar las consecuencias de la entrada en vigor del CPPF en el plazo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, de modo tal de garantizar tanto la continuidad de las investigaciones activas y juicios en curso, como el cumplimiento de los deberes y funciones derivadas del rol que asume el MPF en el proceso penal adversarial, resulta indispensable, entre otros requerimientos, reforzar las capacidades del organismo en la región en términos de recursos humanos”, señaló.
A su vez, indicó que del “Informe Diagnóstico” presentado por la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA) “se desprende claramente la necesidad de incrementar los recursos humanos en el distrito, teniendo en cuenta la multiplicación de tareas que se deriva del rol protagónico que asumirá con la implementación del sistema acusatorio como exclusivo director de las investigaciones”.
Casal subrayó “la notoria desproporción existente respecto de los cargos de magistrados del Poder Judicial de la Nación, lo que no se condice con el traspaso al MPF de numerosas tareas que resultará de la implementación del CPPF” y, ante ese panorama y “hasta tanto pueda lograrse alguna solución similar a la adoptada por la Ley 27715 para la provincia de Santa Fe” -norma que creó 27 cargos de fiscal penal federal para esa provincia-, dispuso las siguientes medidas:
- Habilitar la designación de 9 auxiliares fiscales que se sumarán a los 7 ya designados en la jurisdicción, lo que involucra un total de 16 funcionarios/as, con la siguiente distribución: 8 en la Unidad Fiscal Bahía Blanca, 6 en la de Santa Rosa y 2 en la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos.
- Cubrir el cargo de fiscal federal originalmente asignado a la Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca con la designación interina de la secretaria y auxiliar fiscal Elisa Trinchín.
- Designar de manera interina como fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, al prosecretario con funciones de auxiliar fiscal Dino Berdini.
- Asignar de modo interino como fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, al secretario con funciones de auxiliar fiscal Federico Martín Iparraguirre.
- Habilitar la Fiscalía Federal de General Pico, en la provincia de La Pampa -creada en 2004 por Ley 25959, pero aún no puesta en funcionamiento-, para que pase a integrar la Unidad Fiscal Santa Rosa. Interinamente a cargo de esa dependencia, el procurador designó Agustín Carestía.
La Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos de Bahía Blanca
El procurador también dispuso que, a raíz de la tarea ya realizada en numerosos juicios con “mega causas” por delitos de lesa humanidad -entre las que mencionó las conocidas como “Armada”, “Ejército” y “Zona V”- y las investigaciones aún en trámite, la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos de Bahía Blanca y el personal de la sede de Santa Rosa continuarán trabajando en apoyo de los magistrados intervinientes y bajo la coordinación de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
A tales fines resolvió mantener la designación del fiscal Miguel Ángel Palazzani como coordinador de esa oficina.
