La investigación por la tragedia del club Bahiense del Norte, ocurrida el 16 de diciembre de 2023, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. Este jueves, el ingeniero Pablo Ascolani, uno de los tres imputados en la causa, se presentó nuevamente ante el fiscal Cristian Aguilar, quien le dio a conocer nuevas pruebas incorporadas al expediente.
Ascolani, imputado por estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves y graves culposas, llegó a Fiscalía sin realizar declaraciones. El trámite fue breve y se limitó a la notificación de los nuevos elementos probatorios que la fiscalía reunió en las últimas semanas.
Entre las pruebas señaladas figuran dos expedientes claves: uno de 2016, correspondiente a la habilitación municipal, y otro de 2014, hallado en el Colegio de Ingenieros. Según consta en ese documento, el profesional había consignado que la construcción “no presentaba vicios constructivos”. Ambos informes refuerzan la imputación sobre el rol del ingeniero en el control previo de la estructura que colapsó.
La causa también avanzó esta semana con la imputación de otros dos protagonistas: Laura Soberón, jefa municipal de habilitaciones, y Leandro Ginóbili, presidente del club. La fiscalía entiende que Soberón habría incumplido sus deberes como funcionaria en el proceso de habilitación, mientras que a Ginóbili se lo investiga por no haber suspendido el evento pese a las alertas naranjas vigentes y sin contar con habilitación para realizar actividades.
Las indagatorias de ambos ya tienen fecha: Soberón deberá presentarse el 4 de diciembre y Ginóbili el 10 de diciembre. En función de lo que declaren, la fiscalía definirá si corresponde avanzar hacia la elevación a juicio.
En el caso de Ascolani, el plazo procesal está próximo a vencer, motivo por el cual es probable que su situación sea elevada antes de la feria judicial. Para los otros dos imputados, en cambio, aún resta un año de investigación posible.
La figura penal de estrago culposo, asociada históricamente a tragedias de gran impacto social, es inusual en el Departamento Judicial Bahía Blanca y no se aplicaba desde 1983. La causa, que ya lleva un año, podría dividirse en dos juicios distintos: uno para el ingeniero y otro para los funcionarios recientemente imputados.
Mientras tanto, la fiscalía continúa evaluando si existen responsabilidades adicionales dentro del municipio, especialmente en relación con la certificación de firmas y controles previos a la habilitación del edificio.
