En el marco de la investigación por la tragedia ocurrida durante el temporal del 16 de diciembre de 2023, en la que murieron 13 personas, la Justicia ordenó el allanamiento de la vivienda de Leandro Ginóbili, presidente del club Bahiense del Norte. La medida fue solicitada por el fiscal Cristian Aguilar con el objetivo de secuestrar el teléfono celular del dirigente deportivo.
El procedimiento se concretó como parte de las diligencias impulsadas por la fiscalía para avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades vinculadas al siniestro.
Desde la defensa de Ginóbili señalaron que se trató de una orden de secuestro, emitida luego de que el propio dirigente abriera y mostrara su celular durante la última declaración a la que fue llamado el viernes pasado junto a otros miembros de la comisión directiva.
Previamente, Ginóbili, había delcarado el 10 de diciembre. Tras ese trámite el abogado defensor del presidente del club, Sebastián Cuevas, explicó los ejes centrales de esa declaración y sostuvo que el derrumbe que derivó en la tragedia fue consecuencia de un fenómeno climático imposible de prever. En ese sentido, remarcó que aun sin la habilitación municipal concluida “no había forma de evitarlo”.
Cuevas destacó que su defendido respondió sin reservas durante su comparecencia judicial y subrayó que pudo ejercer plenamente su derecho de defensa. Según indicó, la estrategia defensiva se apoya en la imposibilidad de prever un evento climático de la magnitud registrada y en que la falta de habilitación no guarda relación directa con el desenlace fatal.
El letrado también cuestionó la claridad de las ordenanzas municipales y afirmó que el club no recibió intimaciones ni advertencias oficiales para cesar actividades. En ese marco, recordó que Bahiense del Norte funciona desde las décadas del 70 y 80, previo a muchas de las normativas actuales, y planteó que existe una confusión entre las exigencias para establecimientos comerciales y las que rigen para clubes de carácter social y deportivo.
Respecto de la imputación vinculada a la habilitación, Cuevas reconoció que el trámite no estaba finalizado, aunque sostuvo que se encontraba avanzado y sin observaciones sobre la estructura edilicia. Además, consideró contradictoria la imputación simultánea de Ginóbili y de un funcionario municipal por la falta de intimaciones, al entender que ambas responsabilidades no pueden sostenerse de manera conjunta.
En relación con las alertas meteorológicas del día del temporal, el abogado insistió en que no anticipaban vientos de carácter huracanado y que no existe una normativa que obligue a suspender actividades ante ese tipo de advertencias.
Sobre el futuro de la causa, Cuevas señaló que el expediente aún puede derivar en distintos escenarios, entre ellos un archivo o un sobreseimiento, aunque aclaró que los particulares damnificados podrían continuar la acción penal. Ginóbili, en tanto, se retiró del lugar sin realizar declaraciones y delegó todas las explicaciones en su defensa.
