En el marco de la investigación por la tragedia ocurrida durante el temporal del 16 de diciembre de 2023, que dejó 13 personas fallecidas, el abogado Sebastián Cuevas, defensor de Leandro Ginóbili, presidente del club Bahiense del Norte, aclaró el alcance de la medida dispuesta por la fiscalía respecto del teléfono celular del dirigente deportivo.
Luego de que se informara sobre un presunto allanamiento en la vivienda de Ginóbili, Cuevas desmintió esa versión y aseguró que se trató de una orden de secuestro del dispositivo. “No hicieron un allanamiento, fueron a pedir el teléfono con una orden de secuestro”, explicó en declaraciones a Canal Siete.
La medida fue solicitada por el fiscal Cristian Aguilar y se concretó en el marco de las diligencias impulsadas para avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades vinculadas al siniestro ocurrido en la sede del club. Según la defensa, el celular ya había sido exhibido durante la última audiencia judicial. “Es un teléfono que abrimos voluntariamente en la audiencia y lo exhibimos sin ningún tipo de impedimento, así que no se entiende mucho cuál es el objetivo de la medida ni el motivo”, sostuvo Cuevas.
Ginóbili había declarado previamente el 10 de diciembre y volvió a comparecer el viernes pasado junto a otros miembros de la comisión directiva. Tras esas instancias, el abogado remarcó que su defendido respondió todas las preguntas formuladas por la fiscalía y ejerció plenamente su derecho de defensa.
En relación con el fondo de la causa, Cuevas reiteró que el derrumbe que derivó en la tragedia fue producto de un fenómeno climático extraordinario. En ese sentido, afirmó que “fue un hecho imprevisible” y remarcó que aun sin la habilitación municipal concluida “no había forma de evitarlo”.
El letrado también cuestionó la normativa vigente y aseguró que el club no recibió advertencias oficiales previas. “No hubo ningún tipo de intimación para que el club cese las actividades”, señaló, al tiempo que recordó que Bahiense del Norte funciona desde las décadas del 70 y 80, anteriores a muchas de las ordenanzas actuales, y diferenció a los clubes sociales de los establecimientos con fines comerciales.
Respecto de la imputación vinculada a la falta de habilitación, Cuevas reconoció que el trámite no estaba finalizado, aunque aclaró que se encontraba avanzado y sin observaciones sobre la estructura edilicia. Además, consideró contradictoria la imputación simultánea de Ginóbili y de un funcionario municipal. “Si imputan a un funcionario por no intimar al cese de actividades, mal podría imputarse a mi defendido por realizarlas”, planteó.
Sobre el futuro del expediente, el abogado señaló que la causa aún puede derivar en distintos escenarios procesales, como un archivo o un sobreseimiento, sin perjuicio de la continuidad de la acción penal por parte de los particulares damnificados. Ginóbili, en tanto, se retiró sin realizar declaraciones públicas y delegó nuevamente las explicaciones en su defensa.
