Incendio en la caminera: “No se puede generalizar: hay autos del Estado, sin dueño conocido y algunos que podrían ser de particulares”

El incendio que afectó ayer al depósito judicial de vehículos ubicado sobre la Ruta 51 abrió una serie de interrogantes sobre la situación legal de los autos dañados y las eventuales responsabilidades. Se trata de un predio utilizado por el Poder Judicial para resguardar vehículos vinculados a distintas causas penales, cuya condición jurídica varía según cada expediente.

El abogado Francisco Cataldo explicó que se trata de un universo amplio y heterogéneo de vehículos, por lo que resulta imposible establecer una única situación. “Son autos que están ahí en virtud de causas penales. Tienen dueño, pero están dentro de un proceso judicial. No se puede generalizar”, señaló.

En ese sentido, detalló que dentro del predio puede haber distintos escenarios: “Puede haber autos decomisados, con lo cual la propiedad ya pasa al Estado. Puede haber autos truchos o mellizos, donde directamente no se conoce al titular, y en algún mínimo porcentaje podría haber vehículos que correspondan a un particular o incluso a una empresa”.

Cataldo remarcó que, con ese panorama, es poco probable que los vehículos cuenten con seguro. “Dudo que lo tengan, en primer lugar porque son autos que hace mucho tiempo están ahí. En segundo lugar, si hubo decomiso, la persona ya no tiene ningún interés en seguir pagando un seguro”, indicó.

Además, advirtió que aun en los casos en que existiera una póliza vigente, podría quedar sin efecto. “Si la compañía no fue informada de que el vehículo estaba depositado a la intemperie, en un galpón o en un predio judicial, puede haber un agravamiento del riesgo, lo que hace caer el seguro”, explicó, diferenciando esa situación de la de un vehículo guardado en una vivienda particular.

El abogado sostuvo que desconoce si la Provincia cuenta con algún tipo de cobertura específica sobre el predio y los riesgos asociados, como incendios, y advirtió que el siniestro podría haber provocado la pérdida de evidencia judicial. “Si eran prueba, seguramente se perdió material importante, dependiendo del tipo de delito. Hablamos de posibles rastros o huellas, pero eso todavía no se puede determinar”, concluyó.