Emergencia en discapacidad: “El decreto trae alivio, pero deja afuera lo que más preocupa: los aranceles”

La reciente reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad despertó expectativas y también nuevas preocupaciones entre familias, profesionales e instituciones del sector. Así lo expresó Mara Recondo, directora de Discapacidad del Municipio, quien analizó el impacto del decreto y advirtió sobre los puntos que aún siguen sin definiciones claras, especialmente en relación con el financiamiento de las prestaciones.

“En primer lugar, el decreto viene a dar un poco de alivio en esto que tanto venimos luchando ya hace muchos meses para que esta ley de emergencia se aplique”, señaló Recondo. Según explicó, la norma reglamenta formalmente la emergencia en discapacidad y avanza de manera concreta sobre uno de los ejes centrales: las pensiones no contributivas. En ese sentido, destacó que el decreto establece quiénes son los beneficiarios, en qué condiciones pueden acceder, cuáles serán las modalidades de auditoría y cuáles son las obligaciones de quienes perciben estas pensiones.

Sin embargo, la funcionaria subrayó que la reglamentación resulta “muy frágil” en uno de los reclamos históricos del sector: la actualización de los aranceles que perciben las instituciones y prestadores de servicios para personas con discapacidad. “Lo que venimos peleando tanto es el aumento de los aranceles. En la situación que estamos hoy, las instituciones de discapacidad no pueden sostenerse”, afirmó.

Recondo advirtió que esta falta de definición ya tuvo consecuencias concretas durante el último año. “Hemos escuchado y ha pasado el año pasado el cierre de instituciones, lo que impacta directamente en las personas con discapacidad, que se quedan sin tratamiento y sin lugar donde estar”, sostuvo. Además, remarcó que muchas familias se ven obligadas a cubrir con recursos propios la diferencia entre lo que pagan las obras sociales o el Estado y el valor real de las prestaciones. “Terminamos pagando por esa brecha, porque peligra que nuestros hijos o familiares puedan acceder al tratamiento”, explicó.

La directora municipal señaló que el inciso C de la ley, referido a los aumentos de aranceles, no fue reglamentado, lo que mantiene la incertidumbre. “No sabemos cómo va a ser la modalidad del aumento, si va a ser dos veces al año, tres veces al año, qué porcentaje. Eso no está, y esto sigue generando preocupación”, afirmó. Y agregó: “El dinero sí está asegurado, pero no se sabe cuánto va a aumentar”.

Finalmente, Recondo remarcó que, si bien la reglamentación establece numerosos aspectos operativos, deja sin respuesta uno de los puntos centrales para garantizar la sostenibilidad del sistema. “Se establecen muchas cosas, pero no eso en particular, que era lo que se venía pidiendo tanto”, concluyó.