Tras la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados de la Nación a la reforma del Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Karina Banfi defendió la iniciativa y remarcó que el nuevo esquema prevé “pena especial” y no equipara a los adolescentes con adultos.
“Todo lo que refiere a un régimen penal juvenil es una agenda parlamentaria de hace 30 años”, afirmó Banfi, al recordar que en 2009 el proyecto tuvo media sanción pero perdió estado parlamentario en el Senado. También señaló que durante el gobierno de Cambiemos se logró dictamen en 2018 y que volvió a discutirse en 2024.
En ese contexto, la legisladora cuestionó lo que consideró una “falacia conceptual” en el debate público. “Dicen delito de adulto, pena de adulto. Lo que hemos logrado es que ante delito de adulto, pena especial”, sostuvo. Según explicó, el proyecto establece un régimen diferenciado para adolescentes de entre 14 y 18 años, con una pena máxima de 10 años y bajo un sistema específico.
Banfi remarcó que el mismo delito cometido por un mayor de 18 años no tendrá el mismo tratamiento que si lo comete un adolescente. “Lo tiene que tener primero porque así lo dicen los tratados internacionales de derechos humanos. Estamos cumpliendo con las obligaciones que firmó la Argentina en el respeto y garantías de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes”, señaló.
Asimismo, indicó que el encierro será la última instancia y que deberán crearse institutos especiales. “No es que va a ir a una cárcel común”, aclaró. Y agregó que el régimen debe contemplar un “dispositivo social, psicológico, sociológico, médico y educativo”, porque “un niño que está delinquiendo en la calle no está en la escuela”.
La diputada sostuvo que la implementación requerirá coordinación entre Nación, provincias y municipios. Al referirse a la provincia de Buenos Aires, afirmó que el régimen actual fue construido “a los ponchazos” y cuestionó a sectores del oficialismo provincial por su postura frente a la reforma. “Asociar la pobreza con el delito es estigmatizante y además es discriminador”, expresó.
Respecto de la negociación parlamentaria, Banfi explicó por qué finalmente se acordó fijar la edad en 14 años y no en 13, como planteaba originalmente el Gobierno. “Por su composición psíquica, por la comprensión de la criminalidad del acto y por las legislaciones comparadas pudimos llegar a un acuerdo a partir de los 14 años”, detalló.
No obstante, relativizó que la baja de la edad sea el punto central. “La baja de imputabilidad es lo menos importante en un régimen penal juvenil. Lo más importante es cómo generamos las condiciones para que el niño no tenga que estar involucrado en acciones delictivas”, subrayó.
La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por el Senado, establece un nuevo régimen especial para adolescentes de 14 a 18 años, con un máximo de pena de 10 años y un esquema diferenciado del sistema penal de adultos.
