Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma del Régimen Penal Juvenil, que propone bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad para delitos graves y ahora deberá ser tratada por el Senado, la abogada bahiense Dra. Viviana Lozano analizó el alcance del proyecto y planteó interrogantes sobre su aplicación concreta en el país y en la ciudad.
“La ley 22.278 data de 1980, previo a la democracia. Hemos hecho revisionismo jurídico de muchas leyes, pero esta nunca se tocó y es necesario”, sostuvo Lozano al referirse al régimen vigente. En ese sentido, explicó que la normativa actual fue dictada en “un contexto social y jurídico distinto”, donde la mayoría de edad civil era a los 21 años.
La letrada recordó que hace una década se modificó el Código Civil y Comercial de la Nación y la mayoría de edad pasó a ser a los 18. “Se entendió que ya se tiene capacidad mucho antes para comprender un montón de cosas y tomar decisiones”, señaló. En esa línea, apuntó que “los chicos de 16 pueden votar, pueden elegir autoridades, pueden tomar decisiones respecto de su cuerpo”, y que incluso desde los 13 años pueden decidir sobre cuestiones vinculadas a su salud, siempre que no pongan en riesgo su integridad.
Para Lozano, el debate sobre la edad de imputabilidad debe enmarcarse en el principio de capacidad progresiva reconocido por el Código Civil. “La capacidad progresiva que recepta el Código Civil y Comercial tiene que receptarla el resto de las leyes. Entonces, es necesario el debate, sí, porque tenemos que tener todas las leyes acorde”, afirmó.
Sin embargo, puso el foco en la implementación práctica. “Si yo tengo esta ley, ¿cómo la aplico? ¿Con qué presupuesto? ¿Dónde alojo a los chicos?”, cuestionó. Y planteó dudas concretas: “¿Tenemos un lugar hoy donde un menor de 14 años que tenga que estar bajo prisión preventiva lo pueda alojar? ¿Tengo algún instituto o tengo que construirlo? ¿Con qué presupuesto voy a contratar al personal que va a estar a cargo de ese chico?”.
En el plano local, Lozano recordó que en Bahía Blanca “antes teníamos el Valentín Vergara y el Storni”, aunque aclaró que no eran institutos cerrados sino semiabiertos. “Hoy en realidad no tenemos”, advirtió.
La abogada también subrayó que el objetivo no debería limitarse a la sanción penal sino a la reinserción social. “Si vos querés sacar al chico del delito, primero tenés que saber por qué llegó al delito. No es la respuesta simple de decir: ‘cayó en la droga’. Busquemos por qué cayó en la droga”, planteó. Y agregó: “Después tengo que evaluar el tratamiento que le voy a dar si lo quiero reinsertar socialmente”.
Finalmente, cuestionó la falta de planificación sostenida en el tiempo. “Estamos fallando en la reinserción social de los adultos. Por lo menos hagamos un plan lógico respecto de los menores. No podemos vivir de parche en parche. Saco la ley para dejar contento al pueblo que exige, pero después no la puedo aplicar porque no tengo recursos ni un plan de cómo llevarlo adelante”, concluyó. Además, consideró que el análisis debe ser interdisciplinario e involucrar a “sociólogos, psicólogos, psiquiatras, un montón de gente”.
Mientras el proyecto avanza en el Congreso, el debate sigue abierto. En Bahía Blanca, especialistas advierten que cualquier reforma deberá contemplar no solo el aspecto legal, sino también la infraestructura, el presupuesto y un abordaje integral que garantice resultados concretos.
