La causa conocida como “Frany Tickets”, vinculada a presuntas estafas en la venta de entradas para el partido entre Argentina y Brasil por las Eliminatorias —disputado en el estadio Monumental— tiene hoy una audiencia preliminar de mediación penal entre los damnificados y los acusados.
El encuentro estará a cargo de la mediadora Soledad Munguía y reunirá a los abogados de los denunciantes.
Se espera que en este encuentro los representantes de los damnificados presenten los comprobantes que justifique el monto reclamado a los acusados.
El objetivo es organizar la instancia formal prevista para marzo, donde participarían los representantes legales de las personas imputadas —Francisca “Frany” Pérez, su hermana Martina Pérez y Julián Bisignano— y los letrados de las víctimas. ALlí se espera una propuesta concreta para la devolución del dinero.
Según confirmó el abogado Tomás Marisco a Canal Siete, quien representa a 103 damnificados, en la audiencia se comenzará a definir el encuadre del proceso y a determinar con precisión el monto de dinero involucrado en cada caso. Para ello, deberán volver a presentarse comprobantes de transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, ya que existen diferencias en la modalidad de pago entre las distintas personas afectadas.
El letrado explicó que si bien los montos reclamados varían —ya que hay grupos familiares, parejas y amigos que compraron más de una entrada—, el mecanismo utilizado habría sido similar en todos los casos.
Por su parte, el abogado Maximiliano Gorg, representante de Francisca y Martina Pérez, señaló que la mediación es una herramienta prevista en la ley procesal que permite intentar una resolución sin avanzar, por el momento, en el trámite penal. Indicó además que en la audiencia preliminar se definirá la dinámica del encuentro principal de marzo, donde se buscará establecer si es posible arribar a un acuerdo económico.
En ese marco, se encuentra acreditada en la causa la transferencia de dinero a Julián Bisignano, y la discusión central de la mediación girará en torno a la reparación económica. La cuantificación final de los montos quedará a cargo de la mediadora, quien deberá establecer el total involucrado.
También se precisó que otros gastos, como viajes o costos adicionales derivados del evento, no forman parte de la causa penal, por lo que quedarían fuera de la instancia de mediación.
En caso de no alcanzarse un acuerdo en marzo, la causa continuará su curso en el ámbito penal, y será la fiscalía la que determine los pasos procesales a seguir respecto de los imputados.
El proceso judicial, que lleva casi un año desde que ocurrieron los hechos, entra así en una etapa decisiva para definir si el conflicto puede resolverse por la vía económica o si avanzará hacia instancias formales de imputación.
