La Justicia Federal investiga a dos hermanas de Bahía Blanca acusadas de comercializar un suplemento dietario presentado como “quemador de grasa” que contenía sustancias potencialmente peligrosas para la salud y que además se promocionaba con un sello falsificado de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para aparentar legalidad. En la causa fue imputada como presunta autora Virginia Ramos (41), mientras que su hermana Valeria Ramos (40) quedó acusada como partícipe secundaria, ya que el domicilio de esta última funcionaba como punto de retiro de los productos.
La investigación, según explicó la propia Valeria Ramos, se originó en una causa federal iniciada en Buenos Aires y derivó en allanamientos en Bahía Blanca. “Esta es una causa que viene de Buenos Aires, de una causa federal. El primer allanamiento fue el 16 de diciembre de 2025”, relató la mujer al referirse al inicio de las actuaciones judiciales.
De acuerdo con la imputación, los productos eran promocionados como suplementos para bajar de peso y su comercialización podría encuadrarse en el delito de venta de sustancias medicinales peligrosas para la salud, previsto en el artículo 201 del Código Penal, que contempla penas de entre 3 y 10 años de prisión, además del uso de sello oficial falsificado, delito que prevé penas de 1 a 6 años.
En su descargo, Valeria Ramos sostuvo que no participaba en la venta de los productos, sino que su vivienda era utilizada únicamente como punto de entrega. “La que vendía los suplementos es mi hermana. Yo me dedico a otra cosa. Como mi casa era un punto más accesible, ella dejaba las cosas ahí y las personas que se lo compraban pasaban a retirarlo”, explicó.
La mujer insistió en que no tenía relación directa con la comercialización. “Yo nunca los vendí, yo nunca los publicité, yo no sé dónde los compra ni cuánto los paga”, afirmó. Según dijo, las personas que adquirían los frascos sabían que su domicilio funcionaba solo como lugar de retiro del producto.
En el marco de la causa ya se realizaron dos allanamientos, uno en diciembre y otro el 26 de febrero de este año, durante los cuales la policía secuestró teléfonos celulares y otros elementos que ahora son analizados en la investigación. “Me sacaron un celular, una cajita y un cuaderno. Yo se los entregué a la policía”, relató.
Ramos aseguró que dejó de intervenir en la entrega de los productos después del primer procedimiento. “A partir de ese momento yo no repartí más, no tengo más nada que ver”, dijo. Incluso sostuvo que actualmente mantiene un conflicto personal con su hermana, a quien afirmó haber bloqueado de sus contactos. “Desde el 9 de enero no tengo contacto con ella y tengo una denuncia por hostigamiento y amenazas”, agregó.
La mujer reconoció que durante algunos meses su domicilio funcionó como punto de retiro de los frascos, aunque insistió en que lo hizo sin dimensionar la gravedad de la situación. “Mi responsabilidad fue ser un punto de entrega inconscientemente y sin saber”, sostuvo. Según indicó, esa dinámica se mantuvo durante tres o cuatro meses del año pasado, mientras que su hermana comercializaba el producto desde hacía aproximadamente un año.
Mientras avanza la investigación judicial, Valeria Ramos expresó su expectativa de quedar desvinculada del expediente. “Yo estoy supertranquila porque sé que me van a desvincular de esto, porque no hay prueba de que yo haya vendido o publicitado los productos”, aseguró.
La causa continúa en trámite en la Justicia Federal, donde se investiga la posible comercialización de sustancias peligrosas para la salud y el uso de documentación oficial falsificada, en un caso que generó preocupación por la venta de productos para bajar de peso fuera de los canales sanitarios habilitados.
Esta entrada ha sido publicada el 13 de marzo, 2026 14:26
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