La investigación por los violentos incidentes ocurridos durante el Viernes Santo en el Bahía Blanca Plaza Shopping (BBPS) sumó en las últimas horas un nuevo avance judicial: la Justicia concretó ayer cuatro allanamientos en el marco de la causa que instruye la fiscal Marina Lara, con el secuestro de teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.
Los procedimientos se realizaron en tres domicilios particulares y en la sede de la Asociación de Empleados de Comercio, ubicada en calle Rodríguez, en busca de elementos que permitan profundizar la reconstrucción de los hechos ocurridos durante la protesta sindical que derivó en episodios de violencia dentro del centro comercial.
Fuentes judiciales confirmaron que durante los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares, dispositivos que ahora serán analizados para determinar posibles comunicaciones, organización previa y participación de los involucrados en los disturbios.
El avance de la causa se da luego de que el fiscal general Juan Pablo Fernández confirmara que ya existen tres imputados, identificados como dirigentes de la entidad gremial, aunque no se descarta que con el correr de la investigación puedan incorporarse más personas.
“Los hechos son graves, se está trabajando en eso. Son hechos violentos, no son admisibles, no son tolerables”, había señalado Fernández al referirse al episodio.
La investigación se apoya principalmente en declaraciones testimoniales y videofilmaciones, entre ellas registros aportados por periodistas y testigos que se encontraban en el lugar al momento de los incidentes.
Según la Fiscalía, durante la protesta se registraron amenazas, daños materiales, intimidaciones y maniobras coercitivas destinadas a forzar el cierre del shopping y de los locales que pudieran abrir durante la jornada.
Uno de los puntos más delicados de la causa es la presunta amenaza de incendio. De acuerdo con la investigación, en el lugar se hallaron gomas, materiales inflamables y un bidón con un líquido que sería combustible, lo que agravó la calificación de los hechos.
“Se ha podido determinar la existencia de la amenaza de un incendio”, había precisado Fernández.
En esta etapa, la causa se orienta sobre tres figuras penales principales: coacción, privación ilegal de la libertad y daños.
La primera de ellas se vincula al uso de amenazas para impedir la apertura del centro comercial. “Era que se cierre el shopping y los locales comerciales que pudieran llegar a abrir”, sostuvo el fiscal general.
Además, se investiga si durante los disturbios se produjo una restricción a la libre circulación de personas dentro del shopping, ya que algunos presentes habrían sido impedidos de salir o desplazarse normalmente.
A esto se suman los daños en los accesos al edificio, con roturas en puertas principales y en un ingreso secundario que, según la causa, habría sido violentado a patadas.
Esta entrada ha sido publicada el 9 de abril, 2026 08:59
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