A una década del femicidio de Micaela Ortega, el grooming continúa siendo una problemática vigente y en evolución, con nuevos desafíos tanto en la prevención como en el abordaje judicial. Datos recientes de programas municipales y organismos especializados revelan un escenario preocupante: un alto porcentaje de adolescentes aún desconoce el significado del término, mientras crecen las modalidades de captación a través de redes sociales y plataformas digitales.
La Ley 27.590, sancionada en 2020, tuvo como objetivo principal fortalecer la prevención, generar espacios de concientización y promover el uso seguro de internet, especialmente en ámbitos educativos e institucionales. En esa línea, se desarrollan capacitaciones para docentes, fuerzas de seguridad y funcionarios, además de campañas informativas en medios de comunicación.
Sin embargo, los relevamientos actuales muestran que el desconocimiento persiste. En Bahía Blanca, durante 2025 se realizaron más de 1.500 charlas en escuelas que alcanzaron a más de 15 mil jóvenes. En ese marco, se detectaron 23 casos de grooming en establecimientos educativos: 12 con denuncia penal y 16 bajo seguimiento por parte de equipos escolares, de salud mental y del sistema judicial.
El grooming, tipificado como delito en el Código Penal desde 2013, contempla penas de entre 6 meses y 4 años de prisión. No obstante, especialistas advierten que las condenas siguen siendo bajas y que en muchos casos no se llega a prisión efectiva. Entre 2016 y 2022 se registraron 340 condenas en todo el país, una cifra considerada insuficiente frente al crecimiento del delito.
En cuanto a su funcionamiento, el grooming implica una estrategia progresiva de engaño: comienza con el contacto mediante perfiles falsos en redes sociales o juegos en línea, continúa con la generación de confianza, el pedido de material íntimo y, en muchos casos, deriva en extorsión o intento de encuentro físico. Actualmente, la irrupción de la inteligencia artificial sumó una nueva variante: la creación de imágenes falsas para extorsionar a las víctimas.
Las plataformas más utilizadas también fueron cambiando con el tiempo. Si bien en el pasado predominaba Facebook, hoy el foco está en Instagram, WhatsApp, juegos online —como Roblox— y aplicaciones como Snapchat, donde el contenido se elimina automáticamente. TikTok también aparece como un espacio con presencia creciente de este tipo de situaciones.
El perfil de las víctimas, según estudios regionales, se concentra entre los 9 y 15 años, con especial vulnerabilidad en menores de 12. A esto se suma otro dato alarmante: Argentina es el país de Latinoamérica donde los niños acceden a dispositivos móviles a edades más tempranas, muchas veces antes de los 9 años.
Ante este panorama, se refuerzan las recomendaciones para actuar frente a posibles casos: realizar la denuncia formal —a través de la línea 137, comisarías o fiscalías—, preservar pruebas como capturas de pantalla y evitar la exposición del caso en redes sociales. En Bahía Blanca, además, se encuentran disponibles canales específicos como el correo denunciasvablanca@mpba.gob.ar y programas municipales de abordaje.
Esta entrada ha sido publicada el 23 de abril, 2026 20:00
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