En sintonía con las movilizaciones que se realizaron en distintos puntos del país, Bahía Blanca volvió a ser escenario de una multitudinaria marcha universitaria en reclamo al Gobierno nacional para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Bajo el lema “Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”, estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y agrupaciones sindicales se movilizaron este jueves desde la intersección de Avenida Alem y 11 de Abril hasta el playón de la Universidad Nacional del Sur, donde se desarrolló el acto central.
La convocatoria fue impulsada de manera conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial integrado por Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, Ctera, UDA y Fatun. En Bahía Blanca también participaron autoridades y representantes de la UNS, la Universidad Tecnológica Nacional, agrupaciones estudiantiles y gremios docentes y no docentes.
La protesta se dio en medio de un fuerte conflicto entre el sistema universitario y el Gobierno de Javier Milei por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y ratificada luego del rechazo al veto presidencial en agosto de 2025. Desde el ámbito académico denuncian recortes presupuestarios, pérdida salarial y dificultades para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.
Mientras se desarrollaban las movilizaciones, La Libertad Avanza emitió un comunicado en el que calificó la protesta como una “marcha política opositora” y defendió la decisión oficial de no implementar la normativa. El espacio sostuvo que la ley “nació suspendida en su ejecución” debido a que el Congreso no definió las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir el gasto estimado, calculado en 1,9 billones de pesos.
El oficialismo nacional remarcó además que mantener el equilibrio fiscal es una prioridad de la administración libertaria y argumentó que aplicar la ley implicaría “más impuestos o emisión monetaria”, lo que derivaría en mayor inflación y pobreza. También rechazó las acusaciones de desfinanciamiento y aseguró que el Gobierno transfiere mensualmente las partidas destinadas a gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.
En paralelo, desde distintos sectores de la oposición crecieron las críticas hacia el Ejecutivo nacional. Legisladores, sindicatos y agrupaciones universitarias reclamaron la inmediata implementación de la ley y cuestionaron la falta de cumplimiento de una norma ya aprobada por el Congreso. Entre ellos, el diputado Pablo Juliano advirtió que el Gobierno “no escucha ni quiere escuchar” y habló de una “demencia institucional” frente a las decisiones parlamentarias.
En Bahía Blanca, la movilización volvió a mostrar una fuerte presencia de la comunidad educativa y científica local, que insiste en la necesidad de garantizar recursos para sostener el funcionamiento de las universidades públicas, los salarios docentes y las tareas de investigación y extensión que desarrollan las casas de altos estudios.
Esta entrada ha sido publicada el 12 de mayo, 2026 17:38
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