Abogados que representan a taxistas y remiseros presentaron una demanda judicial para intentar frenar el decreto municipal que otorgó un año de plazo a los conductores de aplicaciones de transporte para adecuarse a la nueva normativa local. La acción apunta directamente contra la reglamentación impulsada por el Municipio y sostiene que genera una “desigualdad” entre quienes ya cumplen con todos los requisitos exigidos para transportar pasajeros.
La presentación fue confirmada por los abogados Ricardo Germani y Gustavo Avellaneda, quienes explicaron que el planteo judicial busca anular el último decreto emitido por la Municipalidad, aunque aclararon que no cuestionan la ordenanza aprobada previamente por el Concejo Deliberante. “El planteo que nosotros hicimos se llama técnicamente pretensión anulatoria. Es una demanda en la cual vamos con la intención de anular el decreto”, explicó Germani.
Según detalló el letrado, sus representados consideran que la ordenanza original había sido fruto de un amplio consenso entre todos los sectores involucrados, incluidos representantes de las aplicaciones de transporte. “Nuestros clientes creen que la ordenanza es correcta, una pieza legislativa municipal en la que se trabajó mucho. Incluso participaron los representantes de los conductores de aplicaciones porque se había llegado a un acuerdo”, sostuvo.
En ese sentido, Germani recordó que la normativa establecía condiciones de igualdad para todos los trabajadores del transporte de pasajeros, como contar con licencia profesional, certificado de antecedentes penales y seguros acordes a la actividad. “En la práctica se traducen en que todos tienen que tener una licencia de conducir profesional, antecedentes penales y un seguro apropiado al transporte de personas”, señaló.
El conflicto surgió luego de que el Ejecutivo municipal dictara un decreto reglamentario que otorgó un plazo de un año para que los conductores de aplicaciones se adecuen a esos requisitos. Para los representantes legales de taxistas y remiseros, esa decisión rompe el equilibrio acordado originalmente. “Los conductores regulados, taxistas y remiseros, siguen cumpliendo a rajatabla las normas según las cuales han sido organizados. Hay una desigualdad palmaria en esto”, afirmó Germani.
Consultado sobre si planteaban un plazo más corto para la regularización, el abogado aclaró que la demanda no busca discutir tiempos sino directamente invalidar el decreto. “Nosotros no planteamos nada relativo a más tiempo o menos tiempo. Vamos por la anulación del decreto, que es la misión que nos encomendaron nuestros clientes”, remarcó.
Por su parte, Gustavo Avellaneda insistió en que la ordenanza había sido consensuada entre todos los sectores y que originalmente debía entrar en vigencia de manera inmediata. “Lo que se había negociado y lo que había quedado plasmado era una ordenanza muy bien armada y consensuada. Cuando se levantaron de la mesa pensaron que era de aplicación inmediata”, indicó.
Avellaneda explicó además que el malestar surgió cuando apareció el decreto reglamentario, que incorporó argumentos vinculados a la situación laboral y social de quienes trabajan con aplicaciones. “Cuando sale el decreto argumentando cuestiones que tienen que ver con el pluriempleo y la situación social de quienes trabajan en las aplicaciones, eso nunca se había hablado en la mesa. A partir de ahí reaccionaron los taxistas y por eso se pide esto”, concluyó.
