La familia de la nena que fue abusada sexualmente en 2009 en Puan y los abogados que la representan avanzaron con distintas estrategias judiciales para evitar que la causa contra Alberto Martín Del Valle quede alcanzada por la prescripción. El hombre fue detenido el último domingo en Florencio Varela, luego de permanecer casi 15 años prófugo.
La situación tuvo una nueva definición en las últimas horas, cuando el Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó por improcedente e inadmisible el hábeas corpus presentado por la defensa de Del Valle, que buscaba su excarcelación bajo el argumento de la prescripción de la causa. El expediente fue remitido al Juzgado de Garantías de Bahía Blanca, que deberá analizar la situación procesal y la condición de detención del acusado.
Yamila Segovia, abogada y hermana de la víctima, sostuvo que “la causa es una causa activa, no es una causa que se encuentre prescripta” y consideró correcta la decisión de Casación. Según explicó, además del hecho por el que Del Valle se hizo conocido, existen otros delitos que, de acuerdo con la postura de la querella, interrumpieron el plazo de prescripción.
Entre esos hechos mencionó la falsificación de identidad y el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar respecto de cuatro menores. “Nuestra postura es que esos nuevos delitos interrumpieron la prescripción. Son delitos continuados, nunca cesaron”, afirmó Segovia.
El abogado Leonel Báez explicó que la comisión de nuevos delitos puede producir la interrupción de la prescripción y que, en ese caso, el cómputo vuelve a cero. También cuestionó la interpretación según la cual esos nuevos delitos deberían contar con una sentencia firme para producir ese efecto.
“Si la persona está fugada, nunca vas a lograr una sentencia firme por los otros delitos”, sostuvo Báez, y planteó que exigir una condena firme en esas circunstancias impediría que los nuevos delitos tengan consecuencias sobre el plazo de prescripción.
Los abogados también remarcaron que existen antecedentes jurisprudenciales en ambos sentidos sobre esta cuestión. “Hay jurisprudencia en ambos sentidos”, señalaron al explicar que la discusión no tiene actualmente una única interpretación consolidada.
Ahora, la decisión sobre la situación de Del Valle quedó en manos del juez de Garantías Guillermo Mercury, quien deberá resolver en los próximos días. La defensa sostiene el planteo vinculado con la prescripción, mientras que la familia de la víctima y sus representantes legales consideran que la acción penal continúa vigente.
En paralelo, los abogados impulsan el denominado “proyecto de ley Segovia” en el Congreso de la Nación. La iniciativa propone incorporar al artículo 67 del Código Penal la fuga como una causal de interrupción de la acción penal. “A partir de la sanción de esta ley, estar prófugo sería causal de interrupción de la acción penal”, explicó Báez.
La propuesta busca que la fuga de una persona imputada interrumpa el plazo de prescripción y evite que el paso del tiempo pueda beneficiar a quien permanece prófugo. “La finalidad” es que la situación quede establecida expresamente en el Código Penal y no dependa de distintas interpretaciones judiciales.
Durante la entrevista también se explicó que Del Valle nunca había sido sometido a una indagatoria por el abuso sexual. Según indicaron sus abogados, cuando fue convocado y se dictó la orden de detención para tomarle declaración, se fugó.
Segovia cuestionó que el paso del tiempo pueda convertirse en una estrategia para evitar el proceso judicial y sostuvo que “Del Valle nos pone en esta situación porque él eligió evadir la justicia y buscar su impunidad”.
Respecto de la investigación sobre un hermano de Del Valle, quien es policía, Segovia aclaró que “eso le corresponde a la justicia determinar su rol”. También señaló que esa persona está siendo investigada y que se trata de un expolicía federal y actual integrante de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, donde trabaja en el área de trata de personas.
