Una investigación judicial permitió reconstruir el funcionamiento de un “call center” de extorsión sexual que operaba desde la cárcel de Junín, donde internos contactaban a víctimas a través de redes sociales, intercambiaban material y mensajes íntimos y luego exigían dinero bajo amenazas.
La causa se inició tras las denuncias de vecinos, fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal y derivó en allanamientos en la Unidad Penitenciaria 13 de esa ciudad del noroeste bonaerense, con el secuestro de teléfonos celulares y la imputación de tres detenidos.
Las actuaciones comenzaron con dos denuncias presentadas ante la Fiscalía, en las que las víctimas relataron haber sido contactadas mediante perfiles de Facebook. Tras un intercambio inicial de imágenes y videos de contenido íntimo, los interlocutores pasaban a una segunda etapa: amenazas directas y exigencias de dinero a través de aplicaciones de mensajería instantánea.
El objetivo era claro: forzar pagos para evitar la supuesta difusión del material privado. Bajo esa presión, las víctimas realizaron transferencias de dinero a distintas cuentas bancarias, lo que permitió a los investigadores trazar el circuito financiero del chantaje.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, bajo la intervención del Dr. Fernando Graffigna, junto con la UFI N.º 6 de Junín, conducida por la Dra. Fernanda Sánchez. El trabajo operativo fue desarrollado por la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín, dependiente de la Dirección de Investigaciones Cibercrimen.
A partir de la intervención de la Ayudantía Fiscal Especializada, se desplegó una investigación digital exhaustiva, que incluyó requerimientos formales a empresas de telecomunicaciones y a WhatsApp LLC. El análisis técnico permitió reconstruir direcciones IP, impacto de antenas de telefonía, identificación de dispositivos y números IMEI, así como la ubicación geográfica de las conexiones.
Con esos elementos, los investigadores determinaron que las comunicaciones extorsivas se realizaban desde el interior de la cárcel de Junín, estableciendo que los responsables se encontraban alojados en la Unidad Penitenciaria N.º 13. Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N.º 3, a cargo de la Dra. María Laura Durante, ordenó allanamientos que se concretaron en el penal, con colaboración del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, considerados clave para el avance de la causa, y se notificó de la imputación a tres internos, mientras la Fiscalía dispuso la continuidad de las medidas investigativas.
Fuentes de seguridad consultadas por TN señalaron que, solo en lo que va de este año, se realizaron más de 15 allanamientos en el complejo carcelario de Junín. En la mayoría de los operativos, los agentes secuestraron celulares con los que se cometían distintos delitos, desde operaciones de narcotráfico a gran escala hasta extorsiones y estafas (llamadas “cuentos del tío).
Una fuente de seguridad explicó a TN que la presencia de teléfonos celulares en las cárceles se instaló durante la pandemia, cuando los familiares no podían visitar a los detenidos, pero advirtió que esa situación excepcional ya terminó. Sin embargo, según señaló, los dispositivos celulares continuaron circulando en los penales como una forma de “tenerlos quietos a los presos”, especialmente en fechas sensibles como fin de año, para evitar conflictos internos o amotinamientos.
De acuerdo con el testimonio de la fuente, que conoce en detalle los movimientos dentro de las cárceles, ese escenario derivó en un uso descontrolado de los teléfonos: “Es una joda”. En ese contexto, remarcó la cantidad de procedimientos realizados dentro de la cárcel de Junín y señaló que ya se superaron ampliamente los 15 allanamientos en distintas causas.
Esta entrada ha sido publicada el 18 de diciembre, 2025 07:39
Deja un Comentario