Esta tarde, desde las 16 horas, los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia se reunirán para resolver si confirman la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre la expresidenta, Cristina Kirchner, en el marco del caso conocido como la causa vialidad.
En concreto, la convocatoria fue realizada por Horacio Rosatti, titular del máximo tribunal, quien citó a sus colegas Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti para analizar los recursos presentados por la defensa de la jefa del Partido Justicialista.
La causa investiga irregularidades en la adjudicación y ejecución de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, y la Justicia ya condenó a la expresidenta por haber participado en un entramado de corrupción que benefició a la empresa Austral Construcciones, vinculada a Lázaro Báez.
Vale recordar que la semana pasada, Cristina Kirchner anunció que buscará una banca como legisladora bonaerense por la Tercera sección electoral en las elecciones provinciales de septiembre, aunque la posibilidad de postularse depende directamente de la decisión que tome hoy la Corte Suprema.
En los últimos días, los ministros encargaron a la Secretaría Penal del tribunal la elaboración de un borrador exhaustivo, con más de 180 páginas, que resume todos los argumentos para fundamentar el fallo. A partir de ese documento, cada juez redactó su voto. Según fuentes judiciales consultadas, la suerte de la exmandataria estaría prácticamente sellada y la condena sería confirmada.Desde las 16 horas, la Corte Suprema se reunirán para resolver si confirman la condena de Cristina Kirchner por la causa vialidad.
Rosatti fue el encargado de hacer la convocatoria.
Cristina Kirchner, por su parte, se mostró desafiante en un acto realizado ayer en la sede del Partido Justicialista, donde sostuvo que “estar presa es un certificado de dignidad”, dando por seguro el fallo adverso.
Los fundamentos contra Cristina Kirchner
Los jueces coincidirían en rechazar los recursos presentados por la defensa y en ratificar tanto la condena como la inhabilitación para que Cristina Kirchner ocupe cargos públicos en el futuro. El análisis central del tribunal gira en torno a la maniobra defraudatoria y a la confirmación de que los procesos judiciales anteriores respetaron las garantías constitucionales y el derecho de defensa.
Respecto al fraude en perjuicio del Estado, las fuentes indican que la Corte enfatizará la intervención directa y constante de Cristina Kirchner junto a José López, exfuncionario de su gobierno, en la ejecución de esta maniobra que abarcó desde 2003, con la presidencia de Néstor Kirchner, hasta el cierre del segundo mandato en 2015. Se trataría de una estrategia fraudulenta que operó amparada por el poder político vigente durante ese período.
La ingeniería del fraude consistió en crear y favorecer a Austral Construcciones, empresa que cartelizó el proceso de licitación pública, caracterizado por adjudicaciones aceleradas, en apenas 30 días, y con modificaciones constantes a las obras originales. Estas modificaciones justificaban nuevos pagos a Lázaro Báez, quien fue el principal beneficiario. Además, muchas de las obras fueron ejecutadas de forma incompleta, pero igual se pagaron sobreprecios, generando un perjuicio millonario para el Estado al utilizar recursos públicos de manera fraudulenta.
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Si bien estos argumentos no son nuevos y fueron expuestos durante el juicio por los fiscales y validados por los tribunales inferiores, la Corte Suprema harían una revisión completa de ellos para sostener y reafirmar la condena.
Además, la Corte rechazaría la crítica de la defensa que cuestionó la falta de un peritaje específico en cada uno de los 51 contratos investigados, dado que el tribunal aceptará que el análisis por muestreo realizado fue suficiente y representativo para evaluar la totalidad del entramado fraudulento.
Por último, la Cámara de Casación ya había confirmado que todas las obras fueron financiadas con fondos públicos y sin control efectivo de la Dirección Nacional de Vialidad, señalando que tanto Cristina Kirchner como Lázaro Báez fueron beneficiarios directos de este mecanismo. La Corte, al desestimar las quejas de la defensa, avalará esta interpretación.
En síntesis, la Justicia considera que la maniobra fue tan prolongada y compleja que sólo pudo llevarse adelante con la complicidad de funcionarios públicos y el respaldo político del gobierno de Cristina Kirchner, concluyendo exactamente al finalizar su mandato.-
