En las últimas horas, las universidades nacionales advirtieron que el inicio del segundo cuatrimestre del ciclo lectivo corre serio riesgo si el Gobierno nacional de Javier Milei no actualiza con urgencia el presupuesto destinado a las casas de estudio. La advertencia fue formulada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a las autoridades de todas las instituciones educativas públicas de Argentina, y que emitió un comunicado donde alertó sobre la falta de fondos y la crisis salarial docente.
Es que, luego de un primer semestre marcado por el conflicto presupuestario, el CIN afirmó que, sin soluciones inmediatas por parte del Ejecutivo libertario, las universidades nacionales no podrán sostener las actividades académicas durante el segundo tramo del año.
Es preciso mencionar que, la preocupación por el funcionamiento de las universidades nacionales atraviesa a los más de 2,5 millones de estudiantes que asisten al sistema universitario de todo el país, además de los miles de trabajadores docentes y no docentes que se encargan del dictado de clases y el mantenimiento de las casas de estudios.
El comunicado oficial del organismo fue publicado esta semana y generó una fuerte repercusión en la comunidad educativa, ya que desde el CIN hicieron especial hincapié en que “peligra el segundo cuatrimestre”, y recordaron que las universidades nacionales ya arrastran meses de desfinanciamiento, lo que se traduce en problemas de funcionamiento, reducción de actividades y pérdida de personal docente.
Uno de los datos más alarmantes difundidos por el CIN es que ya abandonaron el sistema universitario cerca de 10.000 docentes. Se trata, según remarcaron, de trabajadores con formación, trayectoria y compromiso con la universidad pública, pero que no pudieron sostener su situación laboral frente a los bajos salarios y la ausencia de actualización paritaria.

Los rectores explicaron que esta “fuga” de personal, tanto al sector privado como a otros países, afecta seriamente la calidad académica de las universidades nacionales y pone en jaque el desarrollo de carreras, proyectos de investigación y programas de extensión, al tiempo que denunciaron que esta situación fue “formalmente comunicada al Ministerio de Capital Humano de la Nación”, pero que la respuesta del Gobierno fue “poner en duda” los datos y “correr el eje de la discusión”.
A esta pérdida de personal se le suman los problemas estructurales que enfrentan las universidades nacionales en relación al financiamiento de nuevas carreras. Es que, desde el CIN indicaron que no se giró “ni un solo peso” para la puesta en marcha de ofertas académicas recientemente creadas y que, en varios casos, los fondos previamente comprometidos fueron suspendidos sin aviso ni justificación.
En este escenario, las autoridades universitarias reiteraron su “disposición al diálogo” y señalaron que es urgente que el Gobierno nacional brinde respuestas concretas. “Urge encontrar respuestas que garanticen el normal funcionamiento de nuestras instituciones”, insistieron, y llamaron a priorizar la educación superior en la agenda pública.
El comunicado se suma a una serie de reclamos sostenidos durante todo el año por sindicatos docentes, organizaciones estudiantiles y colectivos universitarios que ya protagonizaron movilizaciones masivas en defensa de la universidad pública. En esta oportunidad, son los propios rectores los que toman la palabra frente al agravamiento de la crisis presupuestaria.
Universidades nacionales en crisis: marchas, recortes y silencio oficial
Es preciso recordar que, el conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno de Milei se arrastra desde el inicio de su gestión. A principios de 2024, el Ejecutivo decidió prorrogar el presupuesto del año anterior, lo que en términos reales implicó un recorte del 70% para el funcionamiento de las casas de estudio, y dejó al sistema universitario nacional sin recursos para enfrentar la inflación, sostener salarios y servicios básicos.

Ante este panorama, el 23 de abril se realizó una masiva marcha federal universitaria que reunió a miles de estudiantes, docentes, no docentes y ciudadanos en defensa de las universidades nacionales públicas. La movilización fue acompañada por los gremios, centros de estudiantes, movimientos sociales y sectores políticos de oposición, y logró instalar el tema en la agenda pública.
Tras la marcha, el Gobierno nacional anunció una partida extraordinaria de fondos para las universidades, aunque desde el CIN y los gremios advirtieron que el monto era insuficiente. La mayoría de las casas de estudio utilizaron esos fondos para afrontar gastos urgentes de funcionamiento, pero no lograron resolver los problemas de fondo relacionados al financiamiento general del sistema.
Actualmente, muchas universidades nacionales enfrentan situaciones críticas: algunas redujeron horarios de cursada, otras suspendieron programas extracurriculares y varias evalúan cerrar comedores, becas y servicios esenciales. En este contexto, la incertidumbre crece y, a menos que haya una respuesta concreta, el segundo cuatrimestre corre serio riesgo de no comenzar.