El presidente Javier Milei vetó por completo las tres leyes aprobadas por el Congreso que establecían aumentos a jubilados, reponían la moratoria previsional y declaraban la emergencia en discapacidad con nuevas pensiones no contributivas. Lo oficializó mediante un DNU publicado este lunes a la madrugada en el Boletín Oficial.
En el Decreto 534/2025, el Gobierno aseguró que las leyes aprobadas implicaban un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, sin fuentes de financiamiento suficientes ni cálculos actuariales que aseguraran su viabilidad.
Además, argumentó que su implementación ponía en riesgo el equilibrio fiscal, comprometía las metas económicas y amenazaba la estabilidad del sistema previsional.
Con la decisión presidencial, quedó suspendido el aumento del 7,2% en haberes y pensiones, así como la suba del bono previsional, que iba a pasar de $70.000 a $110.000 y comenzaría a actualizarse por inflación.
En cuanto al proyecto sobre discapacidad, impulsado por el diputado Daniel Arroyo, declaraba la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y disponía un refuerzo en las pensiones no contributivas por invalidez, elevándolas al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, establecía que dichas pensiones serían compatibles con empleos formales, siempre que los ingresos no superaran los dos salarios mínimos.
Terminado el receso de mitad de año, los bloques aliados y los legisladores que responden a los gobernadores dialoguistas se preparan para blindar los vetos en el Congreso en los próximos días.
El oficialismo necesita alcanzar los dos tercios de al menos uno de los cuerpos parlamentarios para dejar firme la decisión presidencial. Da por descontado de conseguirlo en Diputados, cámara de origen, con las negociaciones que tiene en marcha.
La estrategia para blindar los vetos
Con el objetivo de fortalecerse en materia parlamentaria, la semana pasada los diputados radicales Luis Picat, Pablo Cervi, Federico Tournier, Francisco Monti y Mariano Campero se sumaron al bloque de La Libertad Avanza de la Cámara Baja.
Además, la Casa Rosada mantiene contacto con los gobernadores que fueron clave para sostener los vetos anteriores al aumento de jubilaciones y presupuesto universitario, legisladores a los que Milei llamó “héroes” e invitó a un asado a la quinta presidencial de Olivos. Se reactivaron los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como moneda de intercambio, pero también los acuerdos electorales.
En varias provincias LLA y el PRO cerraron alianzas para las elecciones de octubre, pero también el espacio libertario tiene acuerdos con gobernadores de fuerzas provinciales, que pueden permitirle sumar votos en el Congreso.
Un espacio que podría aportar varios de esos “héroes” que busca el Presidente podría ser el de Innovación Federal, una bancada que responde a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro. Los salteños votaron a favor del incremento de las jubilaciones, mientras que los misioneros y el rionegrino Agustín Domingo estuvieron ausentes. Dependerán de las conversaciones de la Casa Rosada con las provincias.
LLA cuenta con 39 diputados propios, pero sumará aliados. El más próximo, el PRO liderado por Cristian Ritondo, cuyos 35 diputados acompañaron al Gobierno en los vetos del 2024. Pero en esta oportunidad, producto de la crisis interna partidaria, hay integrantes que no se sumarían, como los larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi (quien respaldó la iniciativa), entre otros.
Los tres diputados de Tucumán, Agustín Fernández, Marina Fernández y Gladys Medina, del bloque Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, también votaron a favor del aumento a los jubilados, pero ya pasó en ocasiones anteriores que algunos legisladores cambiaron el sentido de su voto, se abstuvieron o se ausentaron, para dar oportunidad de sostener el veto.
Según pudo saber TN, la Casa Rosada argumenta que la sesión del Senado en la que se sancionaron las leyes sobre el aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad fue inválida. Es por eso que aseguran que judicializarán las iniciativas en caso de que el Congreso rechace los vetos.
Entienden que vetar la ley no la valida y mantienen la intención de agotar todas las variables en carpeta para llegar a las elecciones de octubre sin poner en riesgo el equilibrio fiscal.
