En un nuevo fallo, tal lo solicitado tiempo atrás por la Camara de Casacion Federal, jueces del Tribunal Oral Federal Bahía Blanca acaban de aplicarle 6 años de cárcel a ex fiscal general federal, Alejandro Cantaro acusado de tráfico de estupefacientes
El 14 de junio del año 2023, el TOF de Bahía Blanca declaró la nulidad de la acusación fiscal al considerar que el MPF transgredió el principio de congruencia procesal. Como consecuencia de ello, absolvieron a Cantaro de los delitos de “incumplimiento de los deberes como funcionario público” y “encubrimiento agravado” por haber asistido a dos personas a eludir la investigación de un hecho especialmente grave siendo funcionario público.
Contra esa decisión, el ministerio público fiscal presentó un recurso donde sostuvo que se “tergiversó” el alcance del principio de congruencia, lo que provocó “desaciertos y omisiones de gravedad extrema”. Sostuvo que todo ello lleva a que la sentencia “no pueda adquirir validez jurisdiccional”.
Más tarde el 9 de diciembre del año pasado La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso interpuesto por la fiscalía y reenvió las actuaciones al TOF de Bahía Blanca para un nuevo fallo, al entender que no hubo vulneración al principio de congruencia ni al derecho de defensa en juicio.
A LA CONDENA HAY QUE SUMARLE 10 AÑOS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EJERCER CARGO O FUNCIÓN PÚBLICA
LOS HECHOS QUE FINALMENTE HOY LO CONDENAN
A Cantaro, por entonces fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, se le atribuyó haber ayudado a miembros de la banda denominada “Narcochetos 2” -en particular, a su sobrino Sebastián Gauna San Millán y a Facundo Texido-, entre el 22 de mayo del 2017 y 14 de abril del 2018, cuando él, por su cargo, estaba encargado de investigar y perseguir tales delitos.
Específicamente, el MPF lo acusó de entorpecer y frustrar las investigaciones y la acción persecutoria en contra de estos dos imputados, que se realizaba desde la sede del Juzgado Federal N°1 y de la Fiscalía Federal N°1, ambas de Bahía Blanca. Por ese motivo, el fiscal pidió una pena de 7 años de prisión por considerarlo partícipe necesario del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización, agravado por su condición de funcionario público.
En la acusación, el fiscal Da Silva había destacado que “Cantaro, siendo fiscal de la ciudad de Bahía Blanca, conocía que su sobrino y el amigo -Texido-, y otros tantos se habían organizado para comercializar estupefacientes, y que esa ayuda la desplegó para él mismo abastecerse de los estupefacientes que los propios ‘Narcochetos 2’ le brindaban”.
“La información que aportó Cantaro, mientras ellos vendían en las fiestas electrónicas es lo que permitió que tomaran recaudos en sus conversaciones telefónicas; no tuvieran gran cantidad de material estupefaciente el día que los allanaron y, a su principal protegido, Gauna San Millán, le dio la posibilidad de eludir la investigación fugándose a la provincia de Córdoba”, había indicado.
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