La investigación por la tragedia ocurrida el 16 de diciembre de 2023 en el Club Bahiense del Norte —donde murieron 13 personas y varias más resultaron heridas durante un temporal— sumó este lunes un avance decisivo. La fiscalía dispuso nuevas imputaciones y llamó a prestar declaración indagatoria al entonces presidente de la institución, Leandro Ginóbili, y a una funcionaria del área de Habilitaciones del municipio.
El abogado Ariel Zara, representante legal de Sebastián Mazza —cuyo esposa falleció en el derrumbe—, confirmó que el fiscal Cristian Aguilar resolvió imputar a Ginóbili por estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de vida, en concurso ideal con lesiones leves y graves culposas, delitos que contemplan la pluralidad de víctimas.
Según explicó Zara, la imputación se sostiene en las pruebas reunidas durante el último año y en las conclusiones de dos pericias realizadas por equipos de ingeniería de la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Tecnológica Nacional, que coincidieron en el crítico estado del muro que colapsó. El sector que cedió —detalló— medía 34 metros de largo por casi 4 metros de alto y se encontraba “en el aire”, sin columnas, sin encadenado horizontal y sin vínculo estructural con el techo parabólico.
A ello se suma otro punto central para la fiscalía: ese día se emitieron dos alertas naranja del Servicio Meteorológico Nacional, una por la mañana y otra por la tarde, que advertían sobre un fenómeno potencialmente peligroso para la vida. De acuerdo con diversos testimonios incorporados al expediente, las autoridades del club estaban al tanto de estas alertas al menos dos horas antes del inicio del evento de patín, que igualmente se llevó a cabo.
Zara señaló que otras instituciones de la ciudad suspendieron actividades programadas por el temporal y que, de haber actuado de la misma forma, “probablemente se habrían evitado víctimas fatales”. Para el abogado, la evidencia reunida justificaba plenamente que Ginóbili fuera citado a indagatoria.
La resolución del fiscal también alcanza a Laura Fabiana Soberón, quien al momento de los hechos era jefa del Departamento de Habilitaciones del municipio. Está imputada por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, debido a que —según determinó la investigación— el club llevaba años funcionando sin habilitación y el expediente administrativo estaba paralizado desde 2018. La fiscalía sostiene que Soberón no adoptó ninguna medida para informar la situación ni para intimar al cese de actividades, pese a que el Código de Habilitaciones establece que los clubes no pueden abrir al público sin aprobación definitiva.
Zara, que también representa a uno de los particulares damnificados, evaluó que el avance es un paso necesario para esclarecer responsabilidades. Aseguró que la causa se demoró en parte por su complejidad y por las limitaciones del sistema investigativo, pero remarcó que las pericias fueron concluyentes y que la imputación a Ginóbili y Soberón era esperada desde hace meses por las familias de las víctimas.
Las declaraciones indagatorias se realizarán el 10 de diciembre, en el caso de Ginóbili, y el 4 de diciembre, para Soberón.
