A una semana de los graves incidentes registrados durante la manifestación de empleados de comercio en el Bahía Blanca Plaza Shopping, continúan las repercusiones institucionales y políticas. En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires resolvió sancionar a los máximos responsables policiales de la región por su actuación durante los hechos ocurridos en la jornada de Viernes Santo.
Las medidas disciplinarias alcanzan al superintendente de la Región Sur, Gonzalo Bezos, quien recibió una suspensión de cuatro días; al jefe de la Departamental Bahía Blanca, Gonzalo Sandobal, sancionado con seis días; y al subcomisario Pedro Jara, titular del destacamento Patagonia, quien fue suspendido por ocho días y además desplazado de su cargo, aunque continuará dentro de la estructura policial en otra función. En su reemplazo fue designado el oficial principal Federico Martínez González.
Según trascendió, los tres jefes fueron convocados a la ciudad de La Plata para ser formalmente notificados y realizar los correspondientes descargos administrativos, en el marco de un expediente interno que busca determinar responsabilidades sobre el operativo desplegado —o la falta de él— durante la protesta sindical que derivó en momentos de extrema tensión y hechos de violencia.
La principal hipótesis que se analiza apunta al rol que cumplió la fuerza policial el día de los disturbios, especialmente por la ausencia de efectivos realizando tareas preventivas en el lugar al momento de la llegada de la columna gremial. De acuerdo con los datos relevados, cuando los manifestantes arribaron al shopping e ingresaron por el portón principal, no había efectivos en la zona. La policía llegó minutos después, cuando la situación ya había escalado.
Ese punto quedó bajo la lupa, ya que tanto comerciantes como propietarios del centro comercial habían cuestionado la falta de intervención temprana para evitar que el conflicto derivara en daños, amenazas y momentos de pánico entre trabajadores y clientes.
En paralelo, avanza la investigación judicial por los hechos ocurridos aquel viernes, en la que ya se realizaron allanamientos y se analizan posibles imputaciones por amenazas, daños, coacción y privación ilegal de la libertad.
Mientras tanto, en el ámbito político también se abrió una fuerte discusión. Distintos sectores sostienen que la sanción a los jefes policiales busca dar una rápida respuesta institucional frente a la conmoción pública, mientras otros consideran que la prioridad debe estar puesta en determinar las responsabilidades penales de quienes protagonizaron los hechos violentos.
La polémica se profundizó además por los interrogantes que aún persisten sobre la falta de una acción preventiva, pese a que la manifestación era conocida con antelación por distintos actores, incluidos medios de comunicación y, según trascendió, también la propia fuerza policial.
