El Tribunal Federal de Juicio de Bahía Blanca condenó a Juliana Gil Barrera a tres años de prisión de ejecución condicional por considerarla autora de 35 hechos de intimidación pública, luego de que admitiera su responsabilidad en un juicio abreviado por haber realizado falsas amenazas de bomba contra sucursales del Banco de la Nación Argentina entre agosto y diciembre de 2021.
Según la resolución judicial, a la que tuvo acceso CanalSiete, la imputada efectuó treinta y cinco llamados al Servicio de Emergencias 911 en los que alertó falsamente sobre la supuesta colocación de artefactos explosivos en distintas sucursales del Banco Nación. Las comunicaciones generaron alarma pública y motivaron la intervención de efectivos policiales y personal de emergencias.
La investigación permitió establecer la autoría de los hechos mediante el análisis de registros telefónicos, intervenciones sobre líneas de comunicación y diversos testimonios. Además, los investigadores identificaron los teléfonos celulares utilizados a través de sus códigos IMEI y los vincularon con el domicilio y los datos personales de la acusada.
El tribunal declaró admisible el acuerdo de juicio abreviado suscripto entre el Ministerio Público Fiscal, la imputada y su defensa, al considerar que se cumplieron los requisitos legales y que la aceptación fue realizada de manera libre, voluntaria e informada.
La sentencia también dispuso la unificación de esta condena con una pena anterior dictada por el mismo Tribunal Federal de Juicio en otra causa por hechos de características similares. Como resultado, se fijó una pena única de tres años de prisión de ejecución condicional, con costas.
Asimismo, los jueces impusieron a la condenada reglas de conducta por el término de dos años. Entre ellas, deberá fijar residencia, someterse al control del organismo correspondiente y realizar tareas comunitarias.
Por otra parte, el tribunal rechazó el pedido de decomiso de los teléfonos celulares utilizados en los hechos, al señalar que esos dispositivos no fueron secuestrados durante la investigación.
La condena quedó firme en el marco del procedimiento de juicio abreviado, mecanismo previsto por la legislación procesal para los casos en que la persona imputada reconoce su responsabilidad y acuerda la pena con el Ministerio Público Fiscal, sujeto a la homologación del tribunal.
