Una investigación del diario The Guardian sostiene que envió a sus abogados a modificar un proyecto de ley de transparencia a su favor en los años 70.
La reina Isabel II conmemoró este sábado sus 69 años en el Trono británico, confinada en su castillo de Windsor a causa de la pandemia. Sin embargo, no todo fue celebraciones este fin de semana. El diario The Guardian reveló que la monarca de 94 años presionó al gobierno británico para modificar una ley que le permitió ocultar parte de su patrimonio privado en los años 70.
Tras revisar los Archivos Nacionales, los periodistas David Pegg y Rob Evans descubrieron que la reina mandó uno de sus abogados a presionar a varios ministros para que cambiaran un proyecto de ley de transparencia financiera, que entró en vigencia en 1976, para evitar que se hicieran públicas sus acciones en distintas empresas. De esta forma, Isabel II habría ocultado participaciones e inversiones privadas hasta 2011, por lo menos.
Estas revelaciones forman parte de una amplia investigación sobre la capacidad de “consentimiento” que tiene la jefa de Estado en materia parlamentaria cuando se debaten proyectos de ley que puedan afectar a los intereses de la Corona británica. Ese proceso es distinto de la llamada “sanción real” (ratificación), que se aplica cuando Isabel II da su visto bueno formal a una ley aprobada por el Parlamento británico.
Un vocero del palacio de Buckingham salió el lunes en defensa de Isabel II al afirmar que el consentimiento es “un procedimiento parlamentario” y que la función de “la soberana es siempre formal, el consentimiento siempre es concedido por el monarca cuando es solicitado por el Gobierno. Cualquier afirmación de que la soberana ha bloqueado una legislación es simplemente incorrecto”.
“Sobre si el consentimiento de la Reina es requerido es (algo) decidido por el Parlamento, independientemente de la Casa Real, en cuestiones que afectarían a los intereses de la corona, incluida la propiedad personal e intereses personales del monarca”, añadió, sin pronunciarse sobre las posibles presiones y cambios a favor de la monarca.
El valor exacto del patrimonio familiar de la reina no es conocido, si bien según estimaciones de publicaciones como Forbes asciende a varios cientos de millones de libras.
La reina revisó más de 1000 proyectos de leyes
Según la investigación, la monarca utilizó este mecanismo para revisar 1.062 borradores de leyes, y hay evidencia que sugiere que en varios casos “presionó” al gobierno para modificarlas.
“La gran cantidad de leyes sujetas a investigación real cubren asuntos que van desde la justicia, la seguridad social, las pensiones, las relaciones raciales y la política alimentaria hasta reglas oscuras sobre las tarifas de estacionamiento de automóviles y aerodeslizadores”, indicó The Guardian.
“Incluían proyectos de ley que afectaban la propiedad personal de la reina, como sus propiedades privadas en Balmoral y Sandringham, y potencialmente cualquier cosa que se considerara que la afectaba personalmente”, señalaron.
El diario indicó que “algunos de los proyectos de ley que la reina revisó antes de que fueran aprobados por el Parlamento se relacionan con la riqueza o los impuestos”.
Presiones al gobierno
En este sentido, los periodistas Pegg y Evans sostienen que Isabel II presionó al gobierno de Edward Heath en 1973 para ocultar su fortuna al público. La monarca temía que la nueva ley de transparencia financiera pudiera permitir al pueblo británico averiguar todo sobre sus finanzas. Por eso, envió a uno de sus abogados, Matthew Farrer, para presionar al gobierno y que hiciera cambios.
Farrer propuso que esta ley no afectara a los jefes de Gobierno -y por ende la monarca- argumentando que “cualquier divulgación de la titularidad real de las acciones por parte de la corona, incluso si se limita a los directores de la empresa, es potencialmente embarazosa, debido al riesgo de filtraciones”.
El gobierno atendió su pedido e incluyó una cláusula que permitía que ciertas empresas no tuvieran que declarar la identidad de los accionistas. El proyecto fue convertido en ley por el gobierno laborista de Harold Wilson, en 1976.
“Se cree que la exención ayudó a ocultar la fortuna privada de la reina hasta al menos, 2011″, señaló The Guardian. La medidase concedió casi de inmediato a una empresa llamada Bank of England Nominees Limited, operada por personas de alto nivel del Banco de Inglaterra, y que ya había sido señalada como un posible vehículo a través del cual la reina manejaba participaciones en empresas.
Según The Guardian, la empresa cerró hace cuatro años sin hacer una rendición pública de sus actividades y no está claro qué pasó con las acciones que detenía.
Otros asuntos de interés real
Los documentos también muestran que “en otras ocasiones los asesores de la monarca exigieron exclusiones de las leyes propuestas relacionadas con la seguridad vial y la política de tierras que parecían afectar sus propiedades, y presionaron para que se modificara la política del gobierno sobre sitios históricos”, agregaron.
“La Reina ha examinado al menos 11 proyectos de ley que rigen los ferrocarriles, a veces relacionados con tierras que eran propiedades reales”.
“En 2013, la Reina dio su consentimiento al proyecto de ley parlamentario para construir la línea ferroviaria de Alta Velocidad 2 entre Londres y Birmingham. Los ministros de transporte habían notificado al palacio que el proyecto de ley afectaba los ‘intereses de la corona’, ya que el departamento necesitaba adquirir 21 parcelas de la propiedad de la corona durante la construcción de la línea”.
Fuente: TN
