El Gobierno difundió la lista de los empresarios, periodistas y funcionarios beneficiados. Carla Vizzotti insistió en que se trata de una operación mediática. La Justicia imputó al exministro y a su sobrino y exjefe de Gabinete. La oposición quiere una comisión investigadora.

Se acelera el escándalo por la aplicación de la Sputnik V a funcionarios, empresarios y periodistas amigos del poder. Este lunes el Gobierno dio a conocer la lista de quienes fueron inmunizados en el “vacunatorio VIP”. Poco después, la Justicia imputó al exministro de Salud Ginés González García por abuso de autoridad y allanó la sede de la cartera que encabezaba hasta este viernes. En las próximas horas se espera que avancen más medidas de prueba ordenadas por el fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación.

Mientras la Policía Federal allanaba el Ministerio de Salud, la flamante ministra, Carla Vizzotti se puso a disposición de la Justicia, pero volvió a apuntar contra los medios y dijo que “puede haber un interés político y algún interés mediático en este contexto de tanta sensibilidad”.

Si el presidente Alberto Fernández esperaba que con la salida de González García del Gobierno se calmaran las aguas agitadas después de que el periodista Horacio Verbitsky reconociera que se vacunó contra el coronavirus gracias a una gestión de su “amigo”, nada de eso sucedió. Por el contrario, el tema cobró cada vez más relevancia no solo por los nombres que forman parte de la lista de inoculados de forma irregular, sino también por la cantidad de denuncias ante la Justicia que suman sus exfuncionarios y el avance de la investigación.

Lunes agitado y más medidas en puerta

Este viernes, horas después de la confesión de Verbitzky, el ministro estrella de Alberto Fernández y apuntado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se quedaba fuera del Gobierno, mientras los equipos del Ejecutivo hacían equilibrio para no quedar pegados en el escándalo del “vacunatorio VIP”. Así comenzó el fin de semana el Gobierno y, aunque bajó de la comitiva a algunos de los vacunados irregularmente -como el diputado Eduardo Valdéz, y al senador Jorge Taiana– el Presidente no canceló el viaje a México, país estratégico para la alianza geopolítica que busca reafirmar.

Este lunes se reunió con empresarios aztecas que tienen intereses en la Argentina y les pidió que aumenten las inversiones en el país y que generen empleo, a cambio de hacer negocios beneficiosos económicamente para sus compañías. Luego visitó un laboratorio que fabrica vacunas contra el coronavirus. Los próximos días mantendrá una agenda agitada y se reunirá con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Mientras todo esto sucede en el centro del continente, en la Argentina el ambiente no está tan distendido y la Justicia puso el pie en el acelerador. Este lunes, efectivos de la Policía Federal allanaron el Ministerio de Salud en busca de documentación, cámaras y material audiovisual que de cuenta de la entrada y salida de políticos, dirigentes y allegados que integran el listado de los llamados “vacunados VIP”.

La medida de prueba la ordenó el fiscal Taiano, tras imputar a González García y a su sobrino y exjefe de Gabinete, Lisandro Bonelli, sospechado de ser el encargado de manejar el vacunatorio VIP. En las próximas horas, los efectivos policiales allanarían el Hospital Posadas, lugar donde concurrió la mayoría de los inoculados irregularmente.

Vizzotti afirmó que la mayoría de los 70 nombres que aparecen en la lista “son personal estratégico” y “relevante para sostener el funcionamiento del Estado”. Además, señaló que la vacunación paralela en el Hospital Posadas fue “una situación fue muy puntual, realmente excepcional y equivocada” y precisó que ahora “se han tomado las medidas en relación a eso”.

Preocupados por las repercusiones del caso, por la mañana la había recibido en su despacho el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y fue en ese encuentro en que se decidió dar a conocer la lista de vacunados VIP e instruir al Hospital Posadas para publicar todos los turnos que se otorgaron en relación a la vacunación. Además, la ministra abrió un sumario interno para poder determinar responsabilidades por lo ocurrido.

Cafiero y Vizzotti son hasta ahora los encargados de maniobrar el escándalo e intentar llevarlo hacia buen puerto en medio de un año electoral. La idea es sacar a la luz todo lo sucedido, hacer rodar la cabeza de los responsables y transparentar la campaña de vacunación hacia adelante.

Postura firme y unificada de la oposición

Mientras el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dejó en manos de su ministro de Salud, Fernán Quirós, los cuestionamientos por lo sucedido, se mantiene en modo campaña electoral y afianza alianzas con dirigentes del interior del país, buscando su proyección nacional, de cara a las presidenciales de 2023. Por eso, no llamó la atención su bajo perfil en este tema, fiel a su estilo de no confrontar.

Sin embargo, los dirigentes más radicalizados de Juntos por el Cambio salieron en sintonía a cuestionar la vacunación por fuera del plan establecido y pidieron la creación de una comisión investigadora. Los legisladores radicales Alfredo Cornejo y Luis Petri quieren conocer el proceso de contratación, aprobación y seguimiento del programa de inmunización para “controlar el descontrol” que derivó en la vacunación de funcionarios, intendentes, periodistas y familiares de políticos por debajo de la mesa en todo el país.

La exdiputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se sumó a la larga lista de denunciantes. Dijo que “La Cámpora afiliaba a cambio de una vacuna”.

Pero también Amnistía Internacional le exigió transparencia al Gobierno argentino en la asignación de vacunas contra el coronavirus. Y hasta el dueño de un laboratorio que viajó a Rusia pidió investigar al exministro por asociación ilícita y propagación del coronavirus. Se trata de HLB Pharma Group que planeaba adquirir al menos 25 millones de dosis para luego vendérselas al Estado argentino, pero el acuerdo finalmente no se concretó.

¿Más irregularidades?

El escándalo con el Ministerio de Salud no es el único que salpica al Gobierno. Una denuncia radicada este lunes por el senador bonaerense de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan y la abogada Florencia Arietto, exfuncionaria de Seguridad de la gestión macrista, en la Justicia de La Plata pide que se investigue tanto al titular de la cartera sanitaria provincial, Daniel Gollán, como a la persona responsable de llevar adelante el plan de vacunación en esta jurisdicción. Sobre este último, remarcan que “es quien tiene las funciones de calificación, inscripción y certificación de quienes soliciten su incorporación” al operativo de inmunización.

El documento, al que pudo acceder TN.com.ar, pide investigar “la posible comisión de delitos contra la administración pública vinculados al Plan provincial de vacunación contra el COVID 19” en territorio bonaerense. Se habla de la presunta violación de los artículos 248, 249 y 260 del Código Penal de la Nación (incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos); así como “del decreto-ley 8841/77″ y “del decreto provincial 41/2021″.

Además, la diputada Graciela Ocaña junto al bloque de Juntos por el Cambio en diputados confirmó que hará una presentación en la Justicia por “robavacunas” también en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela.

Sumado a todo esto, los padres de Vizzotti también se habrían vacunado contra el coronavirus y se busca determinar si fue de manera irregular o si cumplieron con lo establecido en el plan. Una asesora suya está en las mismas condiciones. De comprobarse alguna irregularidad, la flamante ministra quedaría nuevamente bajo sospecha. Sonaba fuerte el nombre del viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, para reemplazar a Ginés y su nombre podría volver al ruedo, con el patrocinio de Cristina Kirchner.

Fuente: TN