En el sector empresario advierten sobre vacíos legales y cuestionan las dificultades para el acceso a la información para poder convocarlos.
La normativa que dispone que los empleadores pueden exigir el retorno a la modalidad presencial a los trabajadores que recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, generó rechazos de parte de los gremios y aval, pero con cuestionamientos sobre las dificultades para su implementación, del lado de los empresarios.
El primer sindicato en reaccionar fue la Asociación Bancaria, uno de los gremios más fuertes del país. Los argumentos que sostiene para oponerse se basan en la vigencia de los decretos 207/2020 y 241/21 que exceptúa de asistir a los lugares de trabajo a personas mayores de 60 años; embarazadas y quienes estén incluidos en los grupos de riesgo.
“Las disposiciones de estos decretos del Poder Ejecutivo no pueden ser desplazadas por resoluciones de menor jerarquía”, advirtió el gremio que encabeza Sergio Palazzo.
En una comunicación emitida a sus afiliados, La Bancaria remarcó que “deben observarse estrictamente las disposiciones del protocolo acordado con las cámaras empresarias, que incluyen a todas y todos los trabajadores que se desempeñan en la actividad”.
De esta manera, el gremio se opone a la resolución del Ministerio de Trabajo que hace una interpretación de los decretos 241/2021 y 287/2021 y la Resolución 207/20 y que dispone la posibilidad de convocar a los trabajadores vacunados, incluidos los dispensados, a que retornen a sus actividades luego de transcurridos 14 días de la vacunación, el tiempo considerado necesario para la inmunidad.
Los únicos exceptuados son los trabajadores de la salud considerados de riesgo, cuyo regreso al trabajo no puede ser antes de haber completado todo el esquema de vacunación.
La disposición responde a un pedido que el sector empresario había realizado ya en febrero, para que los empleados que están considerados como población de riesgo puedan volver a trabajar si se habían aplicado al menos una dosis de la vacuna.
En línea con La Bancaria se expresó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, que señaló que “el aumento de circulación aumenta el riesgo de contagios en lugares como el transporte público”. “El hecho de tener una dosis no garantiza niveles de inmunización seguros para desarrollar tareas de manera presencial”, advirtió.
También cuestionó que “para Moroni valen más los intereses empresarios que la salud de los trabajadores”, porque “pretende instrumentar la vuelta presencial al trabajo en medio de una segunda ola que está siendo devastadora en todo el país”.
Del lado empresario destacan como positiva la medida, pero plantean algunos cuestionamientos y dudas sobre su implementación.
Esteban Mancuso, coordinador de Asuntos Laborales de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), explicó en diálogo con TN.com.ar las dificultades para acceder a la información sobre las personas vacunadas y marcó algunas “incongruencias” en la resolución.
Si bien reconoció que el listado de vacunados se puede pedir al Ministerio de Salud, consideró que se trata de un trámite burocrático más que debería afrontar el empleador, sumado a una posible judicialización en caso de que -como sostiene La Bancaria- el empleado considere que la resolución ministerial no puede ir por sobre un decreto presidencial.
Además, señaló que el empleado puede apelar a una licencia psiquiátrica en caso de que tenga miedo de volver al trabajo presencial por sus enfermedades preexistentes, una herramienta que se ha utilizado cada vez con mayor frecuencia en este contexto de pandemia, según dijo.Esteban Mancuso
Hay trabajadores exceptuados de la presencialidad que estaban queriendo volver a sus puestos
Para Mancuso la resolución tiene una “incongruencia” que es la de permitir convocar a los trabajadores vacunados, pero que el transporte público sigue siendo exclusivo de los esenciales. por lo que debe correr a cuenta del empleador. “Hay quienes dicen que su empleado trabaja bien en home office, pero que si pueden volver mejor, pero cuando saben que se deben hacer cargo del traslado desisten”, explicó.
Sin embargo, relató que hay trabajadores exceptuados de la presencialidad que estaban queriendo volver a sus puestos, incluso con transporte propio, y que en ese caso la normativa es positiva, porque se trata entonces de un acuerdo de partes. “Creo que a esos casos es a los que apunta la resolución, porque la intimación es más un problema que una solución”, consideró.
Por su parte, Pedro Cascales, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), destacó que “está bien que el Ministerio aclare que los que están vacunados pueden volver a la presencialidad” y dijo que se trata de aproximadamente de un 20% los trabajadores que estaban dispensados por distintos motivos. No obstante, coincidió en que es un problema la dificultad para saber quiénes podrían hacerlo.
También José Luis Ammaturo, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), cuestionó la falta de acceso a la información por parte de las empresas para saber quiénes son los trabajadores vacunados a los que podrían comenzar a convocar.José Luis Ammaturo
Tenemos un vacío legal. Los registros no son públicos y el empleado puede omitir decir que está vacunado
“Tenemos un vacío legal, porque las empresas no pueden conocer quién se ha vacunado y quién no, porque los registros no son públicos y el empleado puede omitir decir que está vacunado y tenemos un inconveniente no resuelto ahí”, señaló.
Sin embargo consideró “un buen primer paso que se pueda convocar a la gente de riesgo a volver a su trabajo”, pero reiteró “depende del trabajador si quiere informar si está vacunado o no”. “Una buena medida sería que esos registros fueran públicos”, remarcó.
Fuente: TN
Esta entrada ha sido publicada el 14 de mayo, 2021 08:05
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