La situación comenzó en la escuela y hoy ya está en Tribunales. Seis alumnos de un tradicional colegio religioso de Posadas son investigados por abuso sexual y por producción y distribución de pornografía infantil. Las víctimas son alumnas de la misma escuela y compañeras de curso. Todos -agredidas y agresores- son menores de 15 años.

Las chicas habían denunciado primero ante preceptores, docentes y el rector. No hubo respuesta disciplinaria pero tampoco curricular: la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral está supeditada al “ideario” de la escuela. “Dicen que dan ESI pero dan EPA: Educación para el amor”, denuncian agrupaciones docentes. El silencio interno terminó en estruendo con manifestaciones, escrache de los agresores con fotos y nombres en el marco de una escalada mediática. Cuando se trata de infancias se hace evidente que la falta de abordaje en el aula no sólo afecta a quienes sufren los abusos sino que deja a también a los agresores sin una instancia de contención para identificar y detener la violencia. Si no es en la escuela, ¿dónde?

“Llegamos hasta acá porque nadie nos escuchó”, aseguran las alumnas que la semana pasada convocaron a una sentada que dio visibilidad al tema y puso el foco en la inacción de la institución educativa, el colegio Roque González, dependiente del obispado misionero. Recién este martes 2 la institución les confirmó que los varones no volverán al edificio durante el resto del ciclo lectivo y que completarán la cursada de forma virtual.

Las alumnas aseguran que la violencia comenzó en marzo: un grupo de varones les tocaba la cola, les pellizcaba los pechos y buscaba tomarle fotos debajo de la pollera que ellas están obligadas a usar como uniforme. Las fotos se publicaron en redes sociales y en grupos de WhatsApp, donde también se difundieron conversaciones de los mismos chicos hablando de raptar y violar a sus compañeras. Una llegó a ser encerrada en un baño del que debieron rescatarla compañeros de otro curso.

“Con mis hijos no te metas”

“Con mis hijos no te metas” es la consigna de quienes se oponen a la educación sexual en las escuelas y quieren que el tema sea potestad de cada familia. El Roque González es un colegio religioso tradicional, que sólo en los últimos años incorporó mujeres a la matrícula.

“No sólo no hicieron nada por estas chicas sino que tienen una tradición de encubrir, desestimar y culpar a las víctimas”, asegura Mariana Pizarro, licenciada en Educación y especialista en aplicación de ESI en la provincia. Pizarro estuvo en la sentada como experta y docente pero también como mamá de una persona egresada que sufrió una situación similar en un aula. “El foco se pone en el largo de la pollera de las alumnas pero con los abusadores no pasa nada. Es más, amenazaron con sancionarlas a ellas por la sentada”, detalla.

“La escuela no nos dio bola, ahora recién nos convocaron para hablar”, asegura a TN la mamá de una de las denunciantes. Algunas de las chicas llegaron a querer dejar la escuela por lo que describen como abuso y acoso sistemático de sus propios compañeros.

Con la causa judicial abierta y la comunidad educativa conmocionada, el ministro de Educación de la provincia tomó contacto con la escuela, que es de gestión privada, sumó un equipo psicopedagógico y pidió que le remitan el material sobre ESI que se ha dado hasta hoy. “Hay escuelas que entienden que su ideario está por encima de la ley – reconoce ministro Miguel Sedoff en diálogo por TN– La ley no puede ser ignorada pero la solución es más profunda que la ESI porque tiene que ver con los valores humanos y el respeto de las personas más allá del género”.

Las escuelas religiosas resisten la aplicación de la norma que consideran una injerencia “ideologizada” de una tarea que debe ser familiar y enfocada en valores religiosos. Ahora deberá resolverse en términos judiciales.

“La ley estipula que se trabajen cinco ejes: reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer los derechos sexuales y reproductivos y cuidar el cuerpo y la salud. Los cinco entran en juego en este caso”, asegura Leandro Cahn, director de Fundación Huésped y autor del libro Educación Sexual Integral.

El después

Está confirmado: los seis alumnos terminarán el año de manera virtual para preservar a las víctimas. La comunidad de madres y padres está dividida entre quienes apoyan a las chicas y quienes se preocupan por la escalada de violencia contra los agresores después del escrache en redes sociales.

“Ahora están mal por la angustia de los hijos, pero no es angustia por lo que hicieron sino porque los pescaron”, se queja una mamá que pide no ser identificada.. “Esto no se resuelve con una sanción. Los chicos están en una etapa de crecimiento y la escuela está para educar. No puede ser un lugar de castigo sino de enseñanza”, asegura el ministro que este miércoles 3 se reunirá con el juez que entiende en la causa por abuso sexual y distribución de material pornográfico. Esa es la gravedad de los hechos que se investigan.

“Una cosa es la falta de ESI y otra la inseguridad en las escuelas. Acá no garantizan la integridad de les estudiantes y persiguen a los adultos que denuncian. Hay homofobia, misoginia, racismo, gordofobia y más”, señala Pizarro.

Reclamo de trabajo conjunto

Organizaciones docentes reclaman la conformación de mesas de trabajo: “El Gobierno se niega a recibirnos, no hay instancias de trabajo en conjunto”, se queja. Misiones ostenta números alarmantes de violencia sexual y embarazo adolescente. No hay literatura sobre qué hacer con ofensores sexuales precoces. “Se van a tener que ir”, pide una mamá. “Que sean ejemplo, que las víctimas no sean siempre las que se vayan”.

“Es central que la escuela pueda hacerse cargo y trabajar para resolver el hecho puntual pero trabajar también para que no vuelvan a suceder estas situaciones. Pero no solamente desde lo punitivo, sino trabajando los materiales que la ESI contempla para desarmar algunas cuestiones sobre los roles sociales asignados a varones y mujeres y cómo eso termina generando vulneraciones de derechos”, propone Cahn. No recibir este contenido previsto en la currícula va en detrimento de las víctimas pero también de los agresores que se han perdido el derecho a ser educados en este punto. Un antecedente que los detractores de la ley deberían considerar para el próximo ciclo lectivo.

Fuente: TN