Los ocho jóvenes imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa presentaron un escrito hace una semana con el afán de que se revea su situación en la Alcaidía N°3 de La Plata, unidad penitenciaria en la que se encuentran detenidos. Ante este requerimiento, la directora del establecimiento le solicitó a la Justicia que sean trasladados a otro penal.

La respuesta de Natalia Beatriz Roussillón fue expuesta ayer por la tarde ante el Tribunal Oral N°1 de Dolores. Desde Melchor Romero, la directora solicitó que se le otorgue “el correspondiente aval para que los mismos sean trasladados a la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense”. Todo ocurrió luego de que Hugo Tomei, abogado defensor de los rugbiers, reclamara por la condición de los imputados en el penal.

El escrito del letrado llegó al tribunal integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari durante la semana pasada. Allí hizo hincapié en el olor nauseabundo que posee la comida con la que se alimentan sus defendidos y la imposibilidad que tienen los mismos de recibir justamente alimentos por parte de sus familiares.

TN se comunicó con Tomei, aunque éste prefirió no brindar detalles de un nuevo pedido en el que enfatizó la cantidad de horas que pasan los jóvenes encerrados. “Están 21 horas en una celda pequeña. Temen recibir una venganza o ser agredidos en cualquier momento, por eso se entiende que desde el penal los cuiden al extremo. Sin embargo estas medidas son tan severas que se tornan inhumanas y degradantes”, relató una fuente cercana al expediente.

Ante este panorama, Tomei elevó un requerimiento para que le Tribunal actúe en consecuencia y la situación de sus defendidos obtenga un giro de 180 grados. “Los jueces dispusieron un oficio para que la Alcaidía conteste con un informe de manera urgente. El penal admite que las condiciones son estrictas y en esa contestación es cuando pide el traslado”, agregó a la explicación una fuente judicial.

Uno de los fundamentos que da Roussillón para que sean derivados a otro penal se centró en que el programa de Alcaidías Departamentales “dispone el alojamiento de dichas dependencias de aquellos ciudadanos que se encuentran en la etapa inicial de su detención hasta tanto se proceda al dictado del auto de prisión preventiva, momento a partir del cual deberán egresar hacia alguna unidad penitenciaria”.

Esto se traduce de la siguiente manera: a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz se les dictó la prisión preventiva el 14 de febrero de 2020 y la causa se elevó a juicio el 26 de mayo de 2021. En todo este proceso, y aún habiendo superado varias instancias judiciales, nunca fueron trasladados.

“No se les da más libertad porque tienen miedo de que les saquen fotos o los filmen. La defensa venía denunciando esto y fue la primera vez que el tribunal inició un procedimiento de control”, indicó una fuente del servicio penitenciario a este medio. Entre los reclamos también se sumó que sufren “un calor sofocante en las celdas”, que “no pueden ingresar sus amigos a visitarlos” y la “ausencia de atención médica adecuada”.

El juicio comenzará le 2 de enero de 2023 y los ocho imputados seguirán detenidos

No existe ninguna posibilidad de que alguno de los detenidos acusados por el asesinato de Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020, espere el comienzo del debate en su casa. “Sí está latente la chance de que puedan ser trasladados o separados antes del 2 de enero de 2023. Eso no se puede saber, y eso les genera una preocupación”, explicaron hace casi un mes desde la Justicia.

Una fuente judicial aseguró en aquel entonces que sí serán separados luego de que se conozca la condena. “Hoy ningún director de penal los quiere recibir. Es una realidad. No hay ningún caso similar a este en donde tengan que moverse en bloque para resguardarse físicamente”, remarcaron.

“Cuando salga la condena, van a ser separados porque no hay ninguna cárcel que tenga una plaza de ocho para recibirlos a todos. Como sucede con todos los detenidos, se busca la cárcel más cerca a los domicilios para que las familias pueden visitarlos. Seguramente algunos irán al penal de Campana, pero otros no. Ahí es muy probable que se rompa el pacto de silencio. El hecho de que no estén todos juntos va a marcar un cambio muy importante”, reflexionó una fuente judicial ante TN.

Fuente: TN